Los manifestantes exigen la libertad de quienes califican como “presos políticos”, procesados por la causa de la masacre de Curuguaty.
En este caso, solicitan que sean liberados Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, ambos con sanción de 18 años de prisión, todos recluidos a la fecha en la Penitenciaría de Tacumbú, quienes ya cumplieron con la pena mínima de cinco años de prisión.
Los manifestantes pidieron a Pucheta que resuelva este punto antes de marcharse. “No vaya dejando presos políticos en Tacumbú, es su responsabilidad, los otros miembros del Tribunal tienen su voto en mano. Ella es preopinante y no da respuesta, no puede ir sin responder”, expresó la activista Margarita Durán Estragó a varios medios de prensa.
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Por su parte, la activista de derechos humanos Guillermina Kanonnikoff solicitó que la ahora ex ministra cumpla con su promesa. “Yo no espero que tengamos que estar luchando nuevamente por conformar un nuevo tribunal, lo que queremos es que ella cumpla con su palabra, porque si no cumple ahora, qué podemos esperar de ella estando en la Vicepresidencia y luego en la Presidencia”, reclamó.
Agregó que si Alicia Pucheta no logra resolver este caso tendrán que iniciar un litigio internacional. “Si tenemos un sí, vamos a tener una fiesta nacional e instituciones más democráticas”, manifestó.
El sacerdote Francisco de Paula Oliva, más conocido como Pa’i Oliva, se unió al pedido de resolución del caso.
La masacre de Curuguaty sucedió el 15 de junio del 2012, ocasión en la que murieron un total de 17 personas, 11 de ellos eran campesinos y seis policías.
El hecho ocurrió en Marina Cué, en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, donde centenares de policías ingresaron para realizar un cuestionado desalojo.
El conflicto nació a raíz de que los campesinos reclamaban el derecho a las tierras de la zona, que debían ser destinadas a ellos a través de la Reforma Agraria por parte del Instituto Rural de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, el Estado paraguayo se encontraba en disputa con la familia de Blas Riquelme y su empresa denominada Campos Morombi, quienes también se atribuían dichas propiedades.
Tras la masacre, solo se investigó la muerte de los policías, no así la de los labriegos.
Los 11 campesinos condenados por la causa son: Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería.
