Más de 50 socios bloquean los accesos de la cooperativa para impedir el ingreso de los miembros del Consejo Directivo que están suspendidos desde setiembre del año pasado. Dos patrulleras controlan en las inmediaciones.
Una auditoría del Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop) detectó un faltante de G. 40.000 millones y varias irregularidades en el supermercado que funciona sobre Presidente Franco; como el pago por la compra de carne por G. 211.600.000 para su posterior venta, siendo que los interventores encontraron vacía la góndola de este producto.
El informe final será presentado este jueves en una asamblea y los socios manejan información de que se anunciará su cierre. Sin embargo, las autoridades suspendidas, encabezadas por Carlos Ferreira, expulsaron a los interventores este martes.
Incluso, pegaron un comunicado por la puerta en que advierten que la atención a los socios están suspendida desde este miércoles hasta el viernes. Como no aparece una firma responsable del escrito, a los socios se les ocurrió completar el espacio con el nombre Yakare Po, un conocido delincuente ya fallecido.
El suboficial superior, Ramón Figueredo, explicó que los miembros del Consejo no pueden ejercer sus funciones mientras dure la intervención del Incoop, cuyo trabajo culmina con la asamblea.
Los socios esperan el informe final de la auditoría y la adecuada liquidación, si corresponde en caso de cierre. Pero temen que el grupo de Ferreira quiera aprovecharse de la situación una vez más, pues no descartan que proveedores fantasmas reclamen pagos.
La cooperativa tiene 25.000 socios, quienes tampoco pueden retirarse mientras dure la intervención.
