El mismo está acusado de estafa, en el marco de una venta irregular de tierras de la reserva del Mbaracayú, Salto del Guairá, con la cual habría ocasionado un daño patrimonial al Estado de G. 40.000 millones.
Ortigoza recusó a los magistrados de sentencia, así como también a la Cámara de Apelaciones y finalmente a los ministros de la Sala Penal de la Corte, y de esta manera traba el caso.
La Fiscalía sostiene que durante sus 9 meses de gestión generó un daño patrimonial al Estado de más de G. 115.000 millones.