La falta de capacidades y activos, mercados y políticas que no funcionan bien, riesgos imposibles de ser manejados por las personas y una excesiva concentración en la sobrevivencia cotidiana sin la atención a un proyecto de vida a largo plazo, hacen que muchas personas se mantengan por debajo de la línea de pobreza.
El informe señala que Argentina, Uruguay y Chile se encuentran entre los países de menor incidencia de pobreza crónica, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua entre los de mayor pobreza. Entre estos dos grupos de países se encuentra Paraguay, cerca del promedio latinoamericano.
El hecho de estar cerca del promedio se puede ver como un resultado positivo, ya que en otros ámbitos nuestros indicadores se encuentran más cerca de los países centroamericanos que de los países del Cono Sur.
Sin embargo, este resultado positivo se oscurece cuando se observa otro indicador que muestra que Paraguay es uno de los países con mayor movilidad descendente. Es decir, junto con Nicaragua, Honduras y Bolivia, Paraguay es uno de los países que de 2003 a 2011 presentan la mayor proporción de no pobres que cayeron en pobreza.
En este contexto, surgen tres desafíos importantes. Primero, continuar reduciendo la pobreza; segundo, garantizar que quienes dejaron de ser pobres o nunca fueron pobres no caigan en pobreza y, en tercer lugar, el punto central del informe del Banco Mundial: atender la cronicidad de la pobreza con medidas de carácter estructural.
Estas medidas van desde garantizar un entorno favorable para la inclusión económica de los adultos como el acceso a mercados de calidad, cobertura universal de salud y servicios públicos eficientes, hasta la atención a la primera infancia como mecanismo de ruptura intergeneracional de la pobreza.
El enfoque territorial aparece como clave en el objetivo de reducir la pobreza crónica. Si bien esta puede estar concentrada en el sector rural, en valores absolutos existe una importante cantidad de personas en situación de pobreza crónica en el sector urbano.
La coordinación intersectorial debe ser una prioridad, especialmente en un país como Paraguay en que cada institución y ministro tiene una agenda propia, la mayoría de las veces sin el sustento de la evidencia empírica y con la primacía de intereses particulares.
Finalmente, la lucha contra la pobreza crónica exige políticas de Estado, de mediano y largo plazos, que garanticen una movilidad social ascendente en el mediano y largo plazos. Sin los componentes anteriores, cualquier iniciativa tendrá éxitos coyunturales y trasladará hacia el futuro la aspiración de un país sin pobreza.