15 may. 2024

Ministerio Público investigará nexos entre Cárdenas y firmas adjudicadas

Si hay indicios de complicidad entre personas ligadas al sector privado y el Municipio de Lambaré, serán investigadas, aseguró el fiscal general Javier Díaz Verón. Agregó que recusación no entorpece proceso.

Así quedó la calle en barrio San Rafael.jpg

Inconcluso. Así quedó la calle en barrio San Rafael, no se hizo el muro.

De hallarse indicios de personas del sector privado beneficiadas con contratos dudosos y ligadas al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas –imputado por el derrumbe de un colegio–, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón aseguró que igualmente serán sometidas a investigación.

“Si encontramos algún tipo de complicidad entre las autoridades y algunas empresas, tengan la seguridad de que, tanto las personas del sector público como las ligadas al sector privado serán sometidas a investigación”, remarcó el fiscal Díaz Verón. Hasta el momento hay un procesado del sector privado tras el derrumbe de un aula del Colegio Nacional de Lambaré (CNL) la semana pasada, que dejó dos heridos graves y una decena más de estudiantes del noveno grado afectados.

Se trata de Alejandrino Duarte Centurión, propietario de la firma ADC Construcciones, quien fue adjudicado para la construcción de tres aulas y un pasillo por G. 269 millones, aunque según el MEC, la obra había sido presupuestada solo por G. 69 millones. El operativo de construcción presenta varias aparentes irregularidades, pues ni siquiera se había llamado a licitación para los trabajos, como dictan las normativas.

Además, luego del suceso saltó un caso donde una sola empresa, Tapeita SRL –investigada en su momento por aparente perjuicio a la Comuna en obras infladas– recibió adjudicaciones para 50 trabajos, entre los que se encuentra un muro inconcluso que ya costó a la Comuna local G. 1.000 millones. El dueño de la empresa es Carlos Diego Lacentre.

Recusación. Díaz Verón expresó que todavía estudian la recusación que presentó Cárdenas contra la fiscala Blanca Agüero, quien imputó al político y a otras cinco personas vinculadas al hecho del CNL. Se estableció que la fiscala Gladys González trabaje de manera provisoria en el tema, para luego determinar si Agüero sigue o no. “La recusación no significa que el proceso en marcha se va a dilatar”, comentó.

“Es una cuestión demasiado sensible, porque afecta a niños que están en los colegios y hay que entender que por sobre todas las cosas en estos casos está de por medio la vida de personas, en este caso chicos que van a las escuelas”, destacó el Díaz Verón.

Afirmó tener nuevos datos que surgieron de los trabajos en otras instituciones educativas de la ciudad. Por el desplome del CNL se encuentran además imputados el ex director, Vicente Acosta Gibbons, los funcionarios municipales, el ingeniero Carlos Mendieta, Javier Villalba Cantaluppi y Guido Ortellado, del MEC.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.