Ávalos estaba sumariada por no tener reemplazante durante los días que se ausentó mientras dirigía la manifestación por un mayor presupuesto para Educación en noviembre del 2015.
El primer inciso de la notificación argumenta la principal causa de la medida: “ausencia injustificada por más de dos días en forma consecutiva o tres alternadas en el transcurso de un mes”.
Desde la organización acusan de que la persecución sindical comenzó con el Gobierno de Horacio Cartes. En el 2014 el MEC eliminó la licencia sindical que permite a los principales dirigentes de los gremios ausentarse en las aulas. Esta medida dificultó la dedicación de los docentes a las luchas sindicales y, en el caso de la secretaria general de la OTEP-SN, tuvo que volver a dar clases de tarde y de noche para organizar las actividades del gremio por la mañana.
Ávalos explicó que se ausentó dos días mientras duraron las movilizaciones de los docentes y desde el MEC la sumariaron por no tener reemplazante, lo que para la docente carece de sentido.
“Es una persecución para acallar, todos los derechos son violentados”, lamentó la dirigente, a quien le faltan solo tres años para jubilarse.
Comentó que el MEC, en todo caso, podía suspender el pago de salario, pero no tomar una decisión tan drástica como la desvinculación.
La OTEP presentará un recurso de reconsideración que debe ser revisado por la ministra de Educación, Marta Lafuente.
La docente afectada fue elegida como secretaria general de la organización en el 2011 y el año pasado sus compañeros la volvieron a elegir.
Ministerio del Trabajo no reconoce Comisión de la OTEP
Otra de las quejas del sector es que el Ministerio del Trabajo rechazó la Comisión Directiva que eligió el gremio en un Congreso Nacional en febrero del 2015.
El documento debe ser refrendado por la cartera de Trabajo, pero la institución recién en diciembre respondió con el rechazo, argumentando que los delegados regionales no entregaron la lista de los nacionales.
El MEC utilizó esta medida para paralizar la cotización del sindicato, que consiste en la autorización económica para que el 0,5% del salario de los 16.000 afiliados pasen a los fondos del gremio para los gastos básicos.
