Mucho se ha hablado de la politización de la Justicia como causa de la debilidad institucional. Pero es tanto o más grave la judicialización de la política, ya que muchas veces las batallas legalistas solo apuntan a embarrar la cancha.
Estos días han sido fértiles en casos políticos, cuyos pleitos quedan en manos de la Justicia. Si el Poder Judicial tuviese fama de independiente, los contendientes estarían tranquilos.
Los dos partidos tradicionales, ANR y PLRA, han decidido tomar el camino del castigo para alinear a sus díscolos legisladores, en un preocupante sesgo autoritario, que considera la disidencia como un acto de traición.
PLRA VS. PLRA. De hecho, el liberalismo ya cumplió su amenaza y en la misma convención, de un plumazo, amputó el futuro político de seis diputados llanista acusados de cartistas, quienes recobraron recientemente su membresía por orden del Tribunal Electoral de la Capital.
ANR VS. ANR. El cartismo, con absoluto control de la estructura partidaria, también replicó idéntico castigo, agregándole que los legisladores colorados deben aprobar todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Ante esta advertencia, los disidentes –capitaneados por Mario Abdo Benítez– decidieron accionar ante la Corte basándose en que los legisladores no pueden recibir mandatos imperativos. “Nace por una firme postura de evitar que la ley del garrote, que procesos de amedrentamiento se apoderen de la asociación de hombres libres, como reza el acta fundacional del partido”, explicó Benítez.
Es la primera batalla judicial entre el presidente y la disidencia, y existe expectativa sobre lo que decidirá la Corte Suprema de Justicia.
Es difícil seguir las posturas políticas del presidente, muy cambiantes. Luego de amenazar con la cuasi expulsión, días pasados dijo que sus adversarios confunden, que no se discute el mandato imperativo, sino el mandato partidario. “No le vamos a echar a nadie. No le vamos a suspender a nadie, pero que tengan por seguro que aquel que esté contra el Partido Colorado no volverá a candidatarse por el Partido Colorado”. ¿Suavizó su postura? Porque ahora dice que no va a suspender a este grupo.
HC VS. LUGO. El oficialismo colorado decidió jugar muy fuerte contra el senador y ex presidente Fernando Lugo, hoy el opositor más popular. Decidió demandarlo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral por “propaganda indebida”, argumentando que el artículo 95 del Código Electoral establece que son elegibles para cualquier función electiva los ciudadanos paraguayos “que no se hallen incursos en los canales de inelegibilidad establecida en la Constitución y las leyes”.
La acción legal es interpretada también como una estrategia del presidente. La enmienda fue sepultada y la reforma es casi imposible. Solo le queda la vía judicial, y la demanda contra Lugo puede ser la llave para su reelección. Como ya dijimos, esta acción tiene doble filo. Si falla contra Lugo, la ANR dejará afuera al candidato más popular, y si le favorece, Cartes y todos los ex presidentes tendrán el camino libre para intentar la reelección.
BOTÓN DE MUESTRA. Ya existen decisiones judiciales que dan señales sobre la operación política de la Justicia. Cuando los tres diputados liberales favorecieron a Cartes en el caso enmienda, saltaron las sospechas sobre un intercambio de favores. Dos de ellos, Fernando Nicora y Milciades Duré, tienen procesos por corrupción. Aquella negociación liderada por el presidente de Diputados, Hugo Velázquez, despertó dudas y se mencionó que la moneda de cambio era el perdón judicial.
Semanas después, la Sala Constitucional trabó el juicio oral de Duré, previsto para el 18 de este mes, sobre el escandaloso caso de las tierras de San Agustín, aquel vergonzoso pacto con el que el gobierno del PLRA pagó con dinero público el apoyo electoral del Unace.
La llamativa coincidencia de la resolución de la Corte es un toque de alerta sobre el rol que juega la Justicia en los juegos de poder político.
Los casos políticos que se definirán en la Justicia son muy delicados: reelección y el mandato imperativo a los legisladores.
Se espera que la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia Electoral –hoy inamovibles en sus cargos y, por tanto, se supone, con blindajes de la presión política– actúen según su misión: ser el límite y control para el exceso.
Es la última barrera contra la arbitrariedad del poder.
