En el material dado a conocer en noviembre de 2015, grabado entre el narcotraficante Ezequiel De Souza Gómez, el ahora ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, y los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens, se involucró a políticos, fiscales, agentes de la Senad, militares y policías como colaboradores en el negocio del narcotráfico de la frontera.
El narcotraficante, pieza clave en el decomiso del más grande cargamento de cocaína en el 2012, acusó a nada menos que al ex viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, como uno de los implicados en el crimen organizado. El criminal aseguró en aquel audio que él mismo le pagaba al entonces segundo del ministro De Vargas.
De Souza también había apuntado hacia la diputada colorada Cristina Villalba, como una de las personas que recibía dinero del narcotráfico. Sostuvo que sin autorización de políticos de la zona “no se va a poder trabajar”. “Cinco mil dólares recibía ella y diez mil su hermano”, sostuvo el criminal. De Souza acusó incluso a un hermano del ex presidente Lugo, Pompeyo, a periodistas y a la Prefectura naval, de colaborar con la mafia.
Las declaraciones tenían la fuerza suficiente para producir un terremoto político; sin embargo, solo tuvo un gran impacto mediático. A pesar de la denuncia presentada por la Cámara de Senadores ante la Fiscalía antinarcóticos, el caso nunca avanzó.
De Souza fue hallado culpable de tráfico de droga luego de que la Senad incautara 1.881 kilos de cocaína en el operativo Águila Negra, el 10 de noviembre de 2012, en el distrito de La Paloma del Espíritu Santo, en Canindeyú. El Tribunal de Sentencia lo condenó ahora a 29 años de cárcel. Mientras, la denuncia sobre las personas señaladas por él duerme en el escritorio de un fiscal anticorrupción.
En noviembre del 2014, la Cámara de Senadores ya había analizado el retraso del Ministerio Público en la investigación sobre un informe de narcopolíticos. Dos años después, los parlamentarios vuelven a cuestionar la falta de interés de la Fiscalía.
La violencia generada por la mafia del narcotráfico cobra vidas de manera cotidiana en la frontera y la ciudadanía se encuentra temerosa. Ante tal panorama, las autoridades deben hacer todo lo posible para garantizar a la gente una profunda y seria investigación sobre los narcopolíticos en el Paraguay. El Ministerio Público tiene que investigar todas las denuncias y dejar de cajonear los temas más graves.
Las revelaciones halladas en el audio del narco Souza deben ser aclaradas. Ya no se puede tolerar la desidia ante un caso de tamaña importancia. El Paraguay no puede caer secuestrado por la narcopolítica; este país y sus habitantes se merecen un futuro mejor.
