Tras el nombramiento de la nueva fiscala general, Sandra Quiñónez, volvieron a resurgir las denuncias sobre la falta de investigación y resolución del trágico episodio ocurrido el 26 de noviembre de 2014, en Cuero Fresco, Departamento de Concepción, en el que perdieron la vida el capitán Enrique Daniel Piñánez y su ayudante, el suboficial José Manuel González Ferreira, al detonar un explosivo en el vehículo en que viajaban.
Hasta ahora las versiones han sido diversas y permiten creer que existen graves irregularidades, mientras la investigación oficial a cargo de la Fiscalía ha permanecido prácticamente congelada y la Justicia no ha demostrado mayor interés en dilucidar el caso. La investigación de una comisión especial del Senado no ha sido tenida en cuenta, a pesar de aportar datos mucho más relevantes que los de la investigación oficial.
A las primeras versiones de que fueron víctimas de un atentado causado por un desconocido motociclista, ocasión en que sobrevivió el agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Juan Manuel Jara, se sumaron luego versiones de los familiares de Piñánez y de la Comisión del Senado, que aseguran que ambos militares fueron convocados para armar una bomba, que iba a ser llevada por un infiltrado hasta la Agrupación Campesina Armada (ACA), para hacerla explotar en su campamento.
Las versiones plantean que fue una operación ilegal que salió mal, o un ardid utilizado para eliminar al capitán Piñánez por las denuncias que venía realizando acerca de presuntas actividades delictivas de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). A ello se suman las informaciones de que el capo narcotraficante Jarvis Ximenes Pavão (actualmente extraditado al Brasil) habría negociado con miembros del Gobierno su cooperación y poseería un video con la confesión de un misterioso “cuarto hombre”.
Tras su nombramiento, la fiscala general Sandra Quiñónez prometió reimpulsar la investigación del caso Piñánez. La situación la afecta particularmente, ya que ella fue fiscala coadyuvante en el caso y los familiares del militar fallecido la acusan de no haber querido mostrar la carpeta fiscal, para comprobar los avances, presuntamente por contener “información sensible” para la seguridad nacional.
Si resultare cierta la presunción de que fue un plan para hacer explotar una bomba dentro del campamento del ACA, se trataría de un caso de terrorismo de Estado, que debe ser debidamente dilucidado. Que organismos gubernamentales recurran a estrategias como el asesinato con explosivos para combatir a una organización criminal armada sería un hecho delictivo sumamente grave, solamente comparable a las tácticas criminales que utilizaban las dictaduras para suprimir a la oposición,
La Justicia debe aclarar lo ocurrido en el caso Piñánez. Seguir ocultando la verdad puede causar un grave daño a las instituciones democráticas.
