AFP, EFE y REUTERS
CARACAS - VENEZUELA
La Iglesia Católica puso ayer más presión sobre el Gobierno venezolano, del presidente Nicolás Maduro, al asegurar que se convirtió en una “dictadura” que se consolidará con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Nacional Constituyente.
El clero se sumó así al rechazo a esa iniciativa expresado por la oposición y la fiscala general, Luisa Ortega, devenida en la mayor adversaria de Maduro tras años de línea oficialista. La Constituyente “será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”, aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón. El prelado sentó la contundente posición de la Iglesia sobre la crisis política, institucional y económica que vive el país, en el discurso de apertura de la asamblea anual de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el que subrayó que los obispos están en plena comunión con el papa Francisco. Maduro sostiene que la Constituyente traerá la recuperación económica y la paz a un país convulsionado desde hace tres meses con protestas que exigen su salida del poder, y que dejan 91 muertos. Pero a medida que se acerca la elección de la Constituyente, la tensión aumenta.
“Una distracción”. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que llamó a desconocer al Gobierno, prepara para el 16 de julio un plebiscito simbólico a fin de demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de los venezolanos.
Agobiados por la profunda crisis económica, 80% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro y 70% de ellos están en desacuerdo con la Constituyente, según la firma Datanálisis. La oposición confía en detener la elección de la Constituyente con la consulta popular, para la cual, confirmó Padrón, la Iglesia autorizó a usar sus instalaciones, excepto los templos. Según Ortega, esa iniciativa pareciera una distracción para esconder los verdaderos problemas y para que la población se olvide de la responsabilidad que tiene el presidente en la crisis.
