Una investigación de ÚH reveló que, más allá de las buenas intenciones que pueda tener en su papel de funcionario público, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, también tiene intereses como empresario en varios sectores del Estado. La mano derecha y colaborador más cercano de Cartes resultó también ser un emprendedor en la búsqueda de petróleo en el Chaco.
Durante el gobierno de Lugo, una nueva empresa suya, LCH SA, consiguió su primer contrato de prospección en suelo paraguayo. En junio del 2014, ya en pleno gobierno de Horacio Cartes, la compañía multinacional President Energy compró la firma y los accionistas de LCH SA pasaron a ser accionistas de President Energy.
Así, López Moreira se convirtió en poseedor de acciones valoradas en cinco millones de dólares de la principal buscadora de petróleo en el Chaco. Al año siguiente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgó a President Energy una ampliación en el contrato de exploración de hidrocarburos, y negó pedidos similares a otras dos empresas del rubro.
Cabe recordar que como jefe de Gabinete Civil del Ejecutivo, López Moreira es el superior directo del propio ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona. A partir de octubre de este año, la colisión de intereses se hizo aún más clara: Cartes lo nombró coordinador de la Política Energética del país.
Paralelamente, López Moreira es dueño del treinta por ciento de la aseguradora Royal Seguros SA, creada un año antes de que Cartes asuma la presidencia. Esta firma actualmente asegura con sus pólizas 35 obras del MOPC. Si bien son seguros pagados por constructoras y no por el Gobierno, se trata efectivamente de un negocio indirecto con el Estado. Si hay un incumplimiento en algunas de estas obras, el ministro de Obras deberá ejecutar una póliza de la empresa del jefe de Gabinete.
La interpelación del Senado es necesaria, a fin de que López Moreira brinde los detalles sobre todos los negocios de sus empresas que afecten directa o indirectamente al Estado. Si bien el Ejecutivo, a través de sus voceros y asesores, sostiene que ninguna ley fue infringida y, por lo tanto, no hay irregularidad alguna, los problemas éticos son evidentes: el coordinador de la política energética del país no puede tener acciones en la principal buscadora de petróleo. De igual manera, el jefe de Gabinete de la Presidencia no puede tener una empresa que asegure obras del mismo Gobierno.
La transparencia que este Gobierno propugna en distintos frentes también debe prevalecer ahora y López Moreira debe acudir al Senado para dar cuentas claras sobre sus negocios con el Estado.
