El dictador Stroessner tenía su centro de estudiantes colorados y era, aparte de su plataforma partidaria, una base fundametal para la delación y la consolidación de su reinado de terror a través de la domesticación -por el miedo y el control, preferentemente- de las voluntades juveniles en el país. Esa cultura autoritaria, que a 27 años del inicio de la transición política debimos haber ido superando, aunque sea de a puchito, rebrota con fuerza, de modo edulcorado y bajo la consigna de la libertad, desde el propio poder central: El Ejecutivo. El proyecto -que ya no lo es, porque se va concretando y consolidando principalmente en colegios e institutos del interior- denominado Herederos de la Libertad es un mal remedo de aquella rémora fascistoide. Si bien es lógico que este asunto le resulte casi natural y hasta atractivo al presidente Horacio Cartes, a la sazón heredero de la dictadura, en los tiempos que corren es una afrenta a los pricipios democráticos. ¿Por qué? Porque todo surge -canalizado a través del viceministerio de la Juventud- para contrarrestar y confrontar a mediano plazo a la serie de movilizaciones y duras protestas y reclamos que ejecutan los movimientos secundarios (Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, Unepy y Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, Fenaes), pidiendo el fin de la corrupción en el Ministerio de Educación y Cultura y educación de calidad, democrática y gratuita. Críticas que ponen en evidencia al Gobierno y molestan al presidente.
Como se verá, la respuesta a las exigencias de los secundarios no es mejorar la sitaución ni proponerse a trabajar por superar los problemas reales que son señalados y cuestionados. La respuesta es desacreditar a los reclamantes, tentar debilitar sus organizciones y acallar las inquietudes juveniles con prebendas y financiación de actividades con recursos del Estado. La organización de centros estudiantiles, en ese sentido, es una burda táctica que instrumenta las inquietudes juveniles, bajo la consigna de la participación, que no es otra cosa que mandato del Gobierno encubierto como agenda estudiantil.
Está claro. Más aún cuando el viceministerio reglamenta el funcionamiento de los centros en los colegios. Eso es fascismo. Eso es autoritarismo. Los centros estudiantiles deben ser autónomos e independientes y funcionar fuera de la égida del antojo del poder público, cumpliendo los fines que su naturaleza mandan. Lo contrario es antidemocrático y una burda manipulación.
