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BOGOTÁ - COLOMBIA
Representantes del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC se reunieron de nuevo ayer en La Habana después de que el acuerdo de paz que negociaron por cuatro años fue rechazado en un plebiscito, en un nuevo capítulo de diálogos que podría extenderse por las demandas de quienes se oponen al pacto.
El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, comenzaron una reunión con la cúpula de las FARC para explorar la posibilidad de hacer cambios al acuerdo que satisfagan las exigencias de los críticos liderados por el ex presidente Álvaro Uribe. Pese a la incertidumbre en la que quedó el acuerdo, que también impedirá la concentración de la guerrilla en áreas vigiladas por la ONU, el Gobierno y las FARC decidieron mantener el cese bilateral al fuego. “El limbo no es una buena fuente de seguridad”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
PAÍS DIVIDIDO. El triunfo del “no” dejó a Colombia dividida en dos bandos. Pero incluso quienes rechazaron el acuerdo aseguran que quieren la paz, aunque bajo otras condiciones. El Centro Democrático que lidera Uribe exige que los líderes de las FARC paguen con cárcel por los crímenes cometidos, como asesinatos, secuestros y ataques. También pide que no puedan ocupar cargos de elección popular.
Las demandas parecen exageradas para ser aceptadas por las FARC que lograron penas privativas de la libertad de hasta 8 años, pero no cárcel, además de 10 escaños en el Congreso a partir del 2018 y durante dos periodos legislativos.
La canciller María Ángela Holguín, una de las tres personas designadas por Santos para hablar con la oposición política e intentar salvar el acuerdo, dijo que una renegociación depende exclusivamente de la guerrilla.
“La decisión de que si se abren o no los acuerdos es más de las FARC. La decisión no es del Gobierno”, afirmó a periodistas la canciller, después de que el Centro Democrático le preguntó a Santos si estaba dispuesto a corregir el acuerdo de paz.
En tanto, los jefes de la guerrilla sostienen que el acuerdo que se firmó la semana pasada con la comunidad internacional como testigo está vigente porque el efecto del plebiscito es político y no jurídico.
