“Se trata de casos que el oficial Informe de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), dejó sin calificar y que hasta ahora no han tenido justicia”, señaló a Efe la presidenta de AFEP, Alicia Lira.
Según Lira la agrupación, junto a su equipo jurídico, presentaron hoy las primeras 12 demandas ante la Justicia chilena, hasta completar las cien querellas, en el marco del Día Nacional del Ejecutado Político y los 40 años de la agrupación.
“Lo relevante de las causas que nosotros presentamos no están en el informe de verdad y reconciliación. Ellos fueron discriminados por razones políticas, por lo tanto el esfuerzo que hicimos hoy día de presentar los requerimientos es un acto de reparación a todos estos crímenes que se cometieron y que supuestamente murieron en enfrentamientos, según los informes que en su oportunidad entregó a la dictadura militar”, añadió.
Tras nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991 la Comisión Rettig entregó al entonces presidente Patricio Aylwin (1990-1994), un informe que concluye que 2.279 personas perdieron la vida en este período, de las cuales 164 clasifican como víctimas de violencia política y 2.115 de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión propuso, además, una serie de medidas compensatorias para los familiares de las víctimas.
Alicia Lira señaló que todas estas víctimas de la dictadura militar que no están en dicho informe “también tienen derecho, al igual que sus familiares, a la reparación moral y a la reparación jurídica para que los criminales paguen por esos alevosos crímenes que cometieron”.
Lira se mostró satisfecha con los actuales jueces que llevan los casos de derechos humanos. “Felizmente hemos logrados que muchos jueces de la República sobre todo los ministros en visita (jueces especiales) que llevan estas causas, están investigando realmente la verdad y han procesado a los culpables”.
Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según un informe oficial.
Además, 1.192 figuran como detenidos aún desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
