La Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 1029/13 y declaró inaplicables los artículos que limitaban al 50% la devolución del IVA para las empresas que exportan productos industrializados a partir de la soja, como la harina y el aceite.
Con este cambio, la devolución será del 100% del IVA. El Ministerio de Hacienda no tardó en criticar la decisión de la Corte, debido a que se estima que este revés costará al Fisco unos USD 140 millones menos en recaudaciones.
La sentencia resolvió la inaplicabilidad de los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto N° 1029/13 a través de los cuales se limitaba la devolución del IVA, crédito relacionado a las exportaciones de productos industrializados. Según Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), este decreto iba en contra de la Ley Nº 5061/13.
“Consideramos que esta sentencia de la Corte devuelve la confianza a las industrias de molienda en que esta vez la ley se va a cumplir y se respetará el legítimo derecho ya reconocido desde el año 2013 de obtener la devolución del 100% del IVA. Es un paso importante para toda la cadena de valor de las oleaginosas, que generaría mejores condiciones para seguir agregando valor a nuestras materias primas dentro de Paraguay, con los consecuentes mayores beneficios que ello genera”, manifestó.
En principio, la Ley Nº 5061/13 estableció que la devolución del IVA debía ser selectiva: empresas que industrializan (100% devolución del IVA) y aquellas que no agregan valor dentro del territorio paraguayo (50% devolución del IVA). Posteriormente, mediante el Decreto N° 1029/13, que reglamentó la mencionada ley, se calificó a las industrias locales de molienda como “de procesos básicos e incipientes”, y por ende con derecho a la devolución solo del 50% del IVA.
El margen que obtendrán con este cambio se constituirá en una manera de “mitigar las distorsiones del mercado” que motivaron la reducción de la industrialización dentro del país, explicó Noguera. Esta disminución del porcentaje de industrialización se da debido a que resulta más rentable a las empresas exportar parte de su materia prima que procesarlas dentro de Paraguay.
Conforman la Cappro las siguientes empresas: ADM, Algisa, Fábrica de Aceites Vegetales BISA, Bunge, Cargill, Conti Paraguay, Copagra, Mercantil Comercial SA, Oleaginosa Raatz SA, Louis Dreyfus Company (LDC) y Caiasa.
“Inaceptable”. Pese a que el Ministerio de Hacienda aún no recibió oficialmente el texto del fallo de la Corte, la ministra Lea Giménez se despachó en contra de dicha decisión a tal punto de calificarla de “inaceptable”.
“El sector agroexportador efectivamente será subsidiado por el Estado paraguayo a partir de este fallo de la Corte. Estaríamos subsidiando a los sectores más privilegiados de este país como resultado de este fallo. De eso estamos hablando. Eso sí yo lo considero inaceptable. Realmente sería inaceptable que un país como el nuestro, con tantas necesidades, termine subsidiando al sector más beneficiado del país”, manifestó ayer.
De hecho, esto se explicó a la CSJ, que pidió el análisis del Ministerio de Hacienda antes de emitir la resolución, comentó Giménez. Adelantó que trabajarán una propuesta para responder a la medida.
“Beneficio será para multinacionales”
Héctor Cristaldo, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), dijo que el fallo será en beneficio de las multinacionales que conforman el gremio de industrias aceiteras. “No nos parece justo que la plata del agricultor para financiar los gastos de país termine en empresas particulares”, señaló. “Con ese mecanismo se convierte en un impuesto a la exportación. Eso va a ser que los impuestos los pague el productor y el beneficio va a las multinacionales”, dijo.
En ese sentido, destacó el monto estimado por Hacienda, de USD 140 millones, debido a que es una de las pocas veces que se cuantifica el aporte de la actividad agropecuaria. Adelantó que posiblemente el martes tendrán un panorama más completo para saber qué acciones asumir. Por otro lado, un grupo de productores de Canindeyú salió ayer por la mañana al costado de la ruta con sus tractores y pasacalles, aparentemente manifestando su descontento por la medida de la CSJ. Una de las pancartas decía la siguiente frase: “Cappro (ADM – Cargill – Bunge – Raatz) ¡Traicioneros de los agricultores!”. No está claro a qué organización pertenecería dicho grupo. El representante de una de las empresas aludidas, Daniel Vera Indabal, de Raatz, dijo que la decisión de la Corte es “lo que corresponde” y que los que salieron a protestar “lastimosamente no tienen conocimiento, no saben ni por qué están protestando”, señaló.
