La institución agraria a toda costa quiere recuperar los lotes, que suman 243 hectáreas, alegando que los actuales ocupantes no cumplen con los requisitos de la reforma agraria. Su intención es anexar los inmuebles a la colonia vecina Santa Lucía, del distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná.
Justo Cárdenas, titular del ente rural, señala a Hugo González como el verdadero dueño de las tierras en el lugar, a través de prestanombres.
“Los representantes legales de los González violan las leyes al prestarse a entorpecer el cumplimiento de dos órdenes judiciales firmadas en los años 2014 y 2015”, dice parte del comunicado.
“Los abogados, técnicos del Indert y los propios representantes del Ministerio Público no pueden ingresar y hacer posesión efectiva de las tierras desde la semana pasada. Cuando la comitiva fiscal llega al portón de los González, los fiscales ya se encuentran con que fueron recusados”, agrega la misiva.
La otra cara. Los ocupantes analizan acudir a los estrados internacionales una vez agotadas las instancias jurídicas internas y no habiendo un resultado favorable, ante lo que consideran un atropello a sus derechos por parte del ente. El abogado de un grupo de ocupantes, Gustavo Pedrozo, arremetió contra el Ministerio Público, “que dejó de ser un órgano investigativo y se convirtió en un órgano represor”, según dijo.
