La ley de creación del Fonacide tuvo la mejor de las intenciones, pues su propósito fue que un porcentaje significativo de la compensación que paga el Brasil por la utilización del excedente de la energía de Itaipú se destinara a la infraestructura escolar que se encuentra en estado calamitoso en casi todo el país.
Lo que fue un logro relevante, sin embargo, en gran medida fue echado a perder por numerosos intendentes municipales que en vez de invertir lo que Hacienda depositaba en sus cuentas en la construcción o mejoramiento de aulas, techos y otras obras imprescindibles para que los estudiantes aprendan en condiciones dignas, lo destinaron a la reparación de caminos vecinales e incluso al pago de salarios.
Aun cuando algunos intendentes salientes –o que continúan en sus cargos tras ser reelectos– pretendieron hacer creer a la opinión pública que no han podido presentar su informe en tiempo y forma a la Contraloría General de la República por desconocer los mecanismos para hacerlo, la verdad es que no lo hacen porque han empleado los recursos en fines diferentes a los establecidos en la ley. Esto, en materia administrativa pública, es lisa y llanamente malversación de fondos.
Las evidencias de la irresponsabilidad de muchos intendentes están a la vista de propios y extraños. El más sonado caso fue el del ahora ex intendente lambareño Roberto Cárdenas, imputado por la Fiscalía tras caerse el techo sobre alumnos de un curso del Colegio Nacional de Lambaré.
Si bien el Congreso se manifestó, en un tímido intento de incrementar las exigencias y los controles hacia los que deciden en cada Municipio y Gobernación el empleo del dinero, las normas –por sí solas, mágicamente– no obrarán el milagro de que todos sean honestos de la noche a la mañana.
Por eso, la participación ciudadana –sobre todo los padres de familia, los docentes y los alumnos– es una pieza esencial para controlar a los jefes de los gobiernos locales y garantizar que la plata sea empleada correctamente.
El Poder Ejecutivo, en los próximos días, a través de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) habilitará en la web una aplicación para que la ciudadanía conozca los montos que Hacienda transfiere a municipios y gobernaciones. Estos, a su vez, tendrán que utilizar la tecnología disponible para mantener informados de sus gestiones a sus respectivas comunidades y departamentos.
Hay que advertir que ese valioso instrumento no podrá cumplir su finalidad si es que los pobladores de cada lugar no exigen a sus intendentes y gobernadores que día a día vayan informando en qué están empleando sus recursos. Y si no denuncian a los corruptos para que la Fiscalía tome intervención.
La iniciativa resultará provechosa si el poder ciudadano actúa para controlar con eficacia a los intendentes y gobernadores poniéndoles oportuno freno.
