Según los dirigentes, unas 140 familias dependen de la compra de ese terreno para acceder a la casa propia. Unos G. 1.900 millones fue el precio de venta inicial de las 7 hectáreas ocupadas hace dos años.
El ministro Francisco Knapps dijo que en un par de meses resolverán la situación, que comprarán el predio, pero que las familias accederán a la vivienda por el programa Fonavis –Fondo Nacional de la Vivienda Social–. Eso significa que el Estado subsidiará el 95% del valor y 5% quedará a cargo de los beneficiados para quienes se verá la forma de aporte, ya sea con mano de obra u otro mecanismo.
“Con esto el Estado está ahorrando unos G. 400 millones”, dijo Knapps al confirmar que hubo una nueva negociación con la propietaria del predio y llegaron a un monto menor.
Los dirigentes no estuvieron conformes porque dicen que de esta forma se les está desplazando a las organizaciones sociales, “y se politiza el tema, esto es un negociado” señaló Esequiel Cardozo, de la Fenafepo.
Otro caso es la urbanización situado en Ciudad del Este. Allí hay un problema de catastro, de planos, etc., por lo que la Senavitat decidió emprender un trabajo interinstitucional con la Municipalidad de la zona para resolver el inconveniente. “Esta situación también es rechazada por los manifestantes y alegan que de esta forma los únicos beneficiados serán los operadores políticos y no precisamente las familias necesitadas.
“No hay forma que las familias paguen en efectivo la diferencia del subsidio”, dijo Cardozo. Por su parte, el abogado de la entidad, Diego López, les dijo que esa es la ley y que otra posibilidad se daría solo cambiando la misma. Los manifestantes amenazaron con volver en 30 días con mayor cantidad de adherentes.
