Es posible que muchos de los temas políticos, los escándalos de farándula y la modelo suicida estén distrayendo nuestra atención de algunos asuntos verdaderamente importantes y que a la larga serán críticos. Es el caso de los cambios que el Gobierno planea introducir al impuesto a la renta personal y que generan tirria en diversos ámbitos.
Si bien es justo que quienes más tienen tributen más, no como ocurre hoy día que por la perversión del sistema a veces el más pobre subsidia al rico; lo que planea ejecutarse podría poner en entredicho incluso la libertad administrativa de las familias.
De una lista de variaciones, uno de los temas controversiales –y lo defienden Hacienda y sus funcionarios– es que haya un tope de gastos para las familias. Es decir, cada una de ellas no podrá gastar más de G. 5.000.000 en un mes, porque si lo hace ingresará a la lista de quienes deberán ver deducidos los impuestos de su volumen erogado.
Quienes asesoraron estas “novedades” son consultores del Fondo Monetario Internacional.
Llamativamente, considerando el sesgo ideológico del organismo internacional, lo que se plantea desde el Ejecutivo –que tiene una clara intención recaudadora, más que formalizadora, como insisten los hombres del Gobierno– riñe con ciertas líneas de la libertad de acción y decisión de las personas sobre sus recursos, en especial el caso de las familias.
Sin embargo, esta aparente contradicción con la doctrina liberal que propugna el organismo financiero no es tal. En el fondo, sigue representando el mismo esquema que deja resquicios para que quienes más tienen, menos aporten y que la mayor carga tributaria termine recayendo en quienes menos ingresos poseen.
Haciendo una reflexión y proyección elíptica de la situación y el volumen de población, es mayor el número de familias que pueden gastar más de 5 millones al mes que quienes superan con sus riquezas el tope establecido. De esa manera, posiblemente la mayor recaudación se dará con el grupo mayoritario, es decir de a puchito, y no de quienes finalmente tienen tanto que ni siquiera saben cuánto.
Además, la idea de los asesores externos evidentemente no tiene en cuenta una serie de realidades socioeconómicas locales de un país tercermundista en donde la tasa de natalidad y los números de las familias son superiores al primer mundo.
Sea como sea, el Gobierno puede provocar una catástrofe en el sistema tributario y una lenta agonía en las familias y en las arcas de los trabajadores que son quienes finalmente pagan el pato de todo experimento financiero.
