El motivo de la denuncia se remonta a las conflictivas fincas 80 y 240 del distrito de Mariscal Francisco Solano López, Departamento de Caaguazú.
El 19 de junio pasado, los campesinos nucleados en la Comisión Vecinal Mariscal López fueron desalojados de las citadas fincas, mediante un procedimiento que el defensor califica como violento e ilegal.
Los hechos punibles por los cuales fueron denunciados, tanto De Vargas como Alvarenga son: desacato a una orden judicial, coacción grave, perturbación de la paz pública, invasión de inmueble ajeno, violación de domicilio y daño.
De acuerdo al escrito presentado por el letrado en la Fiscalía General del Estado, el primero de los delitos citados arriba, lo cometió el ministro en carácter de autor, y los demás como partícipes.
Según la denuncia, De Vargas tenía conocimiento de la existencia de la Resolución Judicial Nº 287 del 21 de junio de 2012, por la cual se decretaba la prohibición de innovar sobre las citadas fincas 80 y 240. La respectiva medida cautelar también fue comunicada a la Policía, mediante el Oficio Judicial Nº 516 del 21 de junio de 2012.
A pesar de los documentos, el ministro De Vargas ordenó que la Policía acompañe el operativo de desalojo de las fincas en cuestión, en cumplimiento a otra resolución judicial, totalmente contradictoria a la medida cautelar.
Siempre en base al escrito, incluso la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior emitió con antelación, el Dictamen Nº 952/2013, en donde refiere que el cumplimiento del desalojo, traería aparejada como consecuencia inmediata el incumplimiento de la medida cautelar de no innovar.
Juicio Político. El abogado presentó también un escrito a la Cámara de Diputados, en la que solicita se requiera la acusación de juicio político en contra de Francisco De Vargas, alegando los delitos que se le sindican y mal desempeño de sus funciones. Ayer se realizó una audiencia pública en la Bicameral del Congreso, sobre la problemática suscitada. En conflicto se encuentran los campesinos pertenecientes a la Coordinadora San Roque que ocupan los inmuebles y los labriegos de la Comisión Vecinal Mariscal López, que en junio fueron desalojados. El senador Luis Alberto Wagner, criticó la actuación de la Fiscalía y de la Policía en dicho procedimiento, que denunció se realizó con violencia. El legislador cree que los grandes sojeros brasileños estarían detrás de la problemática.
