El Congreso sancionó el proyecto de ley que suspende la vigencia de la Ley Nº 4669/2012, que modifica la normativa conocida como “Ley Camacho”, que había ampliado los procesos judiciales a cuatro años, más un año para las apelaciones.
La Cámara de Diputados se ratificó por unanimidad en su aprobación durante una sesión extraordinaria realizada este miércoles.
Mientras que en el Senado, que había rechazado en su primer tratamiento, optó esta vez por acompañar la decisión de los diputados con el voto de 35 senadores y solo dos se mostraron en contra de la normativa, informó la periodista de ÚH, Diana González.
La entrada en vigencia de la ley se vino postergando sucesivamente y el último plazo vence el 7 de setiembre de este año. Si la citada normativa entra en vigencia, los plazos procesales bajarán de cuatro años a tres, lo que provocaría que muchos casos importantes queden impunes. La última palabra tiene el Ejecutivo con su promulgación o veto.
El senador Eduardo Petta fue quien propuso tratar el documento este jueves como primer punto del orden del día atendiendo la fecha límite. Dijo que si no se trataba antes de ese tiempo se estarían presentando sinnúmeros de requerimientos ante el juez solicitando la extinción de los procesos penales que ya cumplieron más de tres años.
“Es una situación difícil y compleja porque hay colegas (senadores) que están procesados penalmente y entiendo que se pueden beneficiar con eso, pero me preocupa que aquellos procesados por homicidio terminen quedando libres”, expresó teniendo en cuenta que los procesados quedarán sobreseídos.
Al tratar el tema, la senadora Desirée Masi aprovechó el momento para realizar críticas contra el Ministerio Público, calificando a algunos agentes fiscales como chicaneros. “La Fiscalía aparece como si fuese la imbatible, la impoluta, la que está luchando, pero en algunos casos se pasa chicaneando”, indicó.
En el caso específico de su marido, el ex ministro del Interior Rafael Filizzola mencionó que su abogado no puede acceder al expediente de la causa porque constantemente se está trasladando. Considera que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe intervenir para no dejar a los fiscales “hacer lo que se los antoja”.
Para el senador Adolfo Ferreiro, uno de los que votó en contra, se está cometiendo un atropello y una brutalidad de la legislación procesal penal.
