Las autoridades del colegio donde estudiaba la menor de 8 años detectaron rastros de violencia y, luego de pedir asesoría al 147 “fono ayuda” de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), dieron aviso a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de la ciudad de Limpio,
Esa primera denuncia se realizó el 20 de abril del año pasado, sin embargo, la dependencia municipal no intervino.
Los padres decidieron retirar a la niña de la escuela, alegando que se trasladaría a otra institución educativa, lo que alarmó aun más a los maestros de la niña.
Después de insistir nuevamente en la SNNA en enero pasado, la Secretaría de Estado se comunicó con el municipio, donde alegaron que desconocían el caso tras el cambio de autoridades. El 23 de enero resolvió recurrir a la Defensoría de la Niñez.
La defensora, Daily Acuña, recibió la denuncia dos días después y pidió un informe a Codeni. Desde la dependencia municipal respondieron que no tenían registros de la denuncia y se excusaron bajo el cambio de autoridades que hubo en octubre de 2016.
ULTIMAHORA.COM consultó también con la directora actual de Codeni, Nora López, quien deslinda responsabilidad y solo se limitó a argumentar que la denuncia se presentó durante la administración de Fátima Moreno, quien la precedió en el cargo.
Si bien trabaja en la dependencia desde octubre del 2016, refirió que recién tuvo conocimiento del caso el 31 de enero de este año, luego de que la Defensoría le enviara una notificación.
A partir de esa fecha intervino, aunque no quiso explicar en qué consisten las acciones en este marco, alegando que el artículo 27 del Código de la Niñez se lo impide.
Acuña, quien atiende casos de Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y Areguá, explicó que presentó el caso a la jueza Rosalba Garay, quien a su vez dijo que ya tomó las medidas de urgencia correspondientes ante denuncias de maltrato infantil.
Los nombres de la niña y sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
