Las organizaciones se concentraron frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para protestar contra el veto que, consideran, niega la posibilidad de solucionar el conflicto en Guahory y solo busca favorecer a los colonos brasileños.
Cartes vetó el pasado lunes un proyecto de ley para la expropiación de tierras del distrito de Guahory a favor del Indert, a fin de transferirlas a los campesinos que las ocupan actualmente, en cumplimiento de la reforma agraria.
El presidente del Indert, Justo Cárdenas, justificó el veto, argumentando que las tierras fueron compradas por el Estado para la reforma agraria en 1985, y que volver a adquirirlas sería “un contrasentido y un absurdo”.
Cárdenas expresó en un comunicado que el Indert ya adquirió una superficie de 1.500 hectáreas, ubicada en el distrito de Yhú, cercano a Guahory, para reubicar a varias familias de este asentamiento en una “colonia modelo”, en la que prevé invertir G. 25.000 millones para proveer a los campesinos de acceso a servicios.
Sin embargo, las organizaciones campesinas reclaman la expropiación de Guahory y consideran que el veto es una estrategia del Gobierno para “respaldar a los latifundistas y productores extranjeros” y favorecer el modelo basado en la producción agrícola a gran escala para exportación, declaró Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC).
“El presidente Cartes niega la posibilidad de solucionar un problema agrario grave, que crea miseria, deja a personas sin tierra y sin posibilidad de alimentos sanos. Respalda al latifundio, que es la tranca para la reforma agraria”, afirmó.
Las tierras de Guahory están en disputa entre un conjunto de productores de soja de nacionalidad brasileña y un grupo de familias de campesinos sin tierras que aseguran que los títulos de propiedad de los brasileños son irregulares, y piden que sean anulados.
En setiembre de 2016, los campesinos de Guahory fueron desalojados de forma violenta por más de 1.500 policías en un procedimiento que se llevó a cabo sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). EFE
Posteriormente, a comienzos de enero, volvieron a ser desalojados en una operación en la que se registraron varios heridos y 12 campesinos fueron detenidos.
Días después de este desalojo, y tras varias reuniones, campesinos y Gobierno llegaron a un acuerdo consistente en la distribución de ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, además de impulsar el proyecto de expropiación aprobado en abril en el Congreso y vetado esta semana por el Poder Ejecutivo.
La tensión en la zona se mantiene, y a comienzos de mayo ocho campesinos resultaron heridos cuando un contingente de unos 70 policías del Grupo Especial de Operaciones y de antimotines llegaron al asentamiento para resguardar la fumigación del campo con herbicidas, y la siembra de productos por parte de los colonos.
Cerca de 300.000 campesinos carecen de terrenos para cultivar en el territorio nacional, según datos de la FNC.
Paraguay es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la posesión de tierras, donde menos del 3% de la población es dueña de cerca del 85% de la tierra, según la ONG Oxfam.
