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Política
miércoles 19 de julio de 2017, 01:00

Asesinato de liberal desnuda descontrol del parque automotor de Cámara Baja

El parque automotor propiedad de la Cámara de Diputados está en total descontrol por parte de las autoridades.

La disponibilidad de los rodados corre por cuenta de quien dirige la institución, pero la costumbre dentro de la Cámara Baja es encomendar el uso de unos 37 vehículos (7 de los cuales irían a remate por desuso) a algunos diputados y funcionarios con cargos de confianza.

Luego del asesinato del dirigente liberal Carlos Sosa Farías, candidato del sector de la diputada también liberal Ramona Mendoza, hecho ocurrido el lunes pasado, saltó el manejo poco prolijo de los vehículos de la Cámara Baja debido a que el rodado en el que fue ultimado el político contaba con calcomanías distintivas de la campaña de la legisladora y, además, no estaba siendo destinado a una misión legislativa.

Y recién ayer reaccionó el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana.

El legislador explicó que los vehículos de propiedad de la Cámara son concedidos a los miembros de la mesa directiva, presidentes de comisiones, líderes de bancadas y a quienes solicitan para alguna misión parlamentaria específica a realizarse en el interior del país. Aclaró que la responsabilidad es de cada diputado.

“Es bueno que sepan que ese vehículo está a cargo de la diputada desde hace siete años y es su responsabilidad el uso que se le da”, indicó.

Alegó que una vez que se realice la investigación interna, la legisladora presentaría un informe acerca del uso del móvil, para deslindar responsabilidades.

Así también, Alliana comentó que desde su presidencia ya solicitó a sus colegas la entrega de los automotores pertenecientes a la Cámara; sin embargo, la respuesta aún es mínima. “Pedí que traigan a parque cerrado automotor, pero ni el 10% de los rodados trajeron”, señaló.

Adelantó que el control será más riguroso, de manera que los vehículos solo se utilicen para trabajos legislativos y no políticos. “Ellos son responsables porque no podemos ir a controlarles cómo usan, pero se supone que como mínimo debe estar a cargo de un funcionaria de la cámara”, señaló.

Alliana agregó que el asesor jurídico de la Cámara Baja abrirá una investigación sobre la utilización del vehículo oficial de la institución.

Consultamos en las oficinas de Administración y de Patrimonio sobre qué finalidad se les da y quiénes tienen ahora mismo los rodados, pero se respaldaron en medidas burocráticas establecidas en la Cámara y no brindaron mayores datos.

El diputado Clemente también sostiene que el uso de los rodados es responsabilidad personal de los legisladores.