La persecución a los líderes políticos, el apresamiento del dirigente de la oposición, Leopoldo López, sometido luego a un “juicio amañado”, son solo algunas de las situaciones que desde hace tiempo justifican aplicar el procedimiento que establece el compromiso democrático establecido en el Mercosur en 1998 por el Protocolo de Ushuaia, opina el catedrático y ex senador Mario Paz Castaing.
El tema se instaló el lunes último en la primera comparecencia pública de Mauricio Macri, como presidente electo de la Argentina, quien anunció la intención de plantear en el Mercosur la aplicación del Protocolo sobre Compromiso Democrático del bloque, por los abusos cometidos por el régimen chavista, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, en contra de los opositores.
Hugo Estigarribia, abogado y ex legislador por el Partido Colorado, agrega a los argumentos el asesinato de candidatos de la oposición en actos políticos y la suspensión arbitraria en sus funciones de la diputada Corina Machado.
A criterio suyo, las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en la República Bolivariana serán solo un factor desencadenante final “de la falta de credenciales democráticas” de este país.
“Hoy sobradamente ya hay condiciones para iniciar el proceso de aplicación de la cláusula democrática”, afirmó y consideró que el nuevo Gobierno argentino asume el 10 de diciembre, por lo que perfectamente podría por lo menos iniciarse el proceso para sancionar a Venezuela, en su calidad de miembro del Mercosur.
"´Nuestro país, según lo que dijo el canciller nacional, por lo menos toma nota del tema”, resaltó. Estigarribia cree es importante que se de inicio al proceso, porque además se instalará el debate sobre la situación de Venezuela. En cuanto a qué países, además de la Argentina, apoyarían una sanción contra la República Bolivariana, apuntó a Brasil y Uruguay.
DERECHO A DEFENSA Mario Paz y Estigarribia coinciden en que debe evitarse, sin embargo, cometer la misma arbitrariedad en que incurrieron en el 2012 los estados miembros del bloque sudamericano al suspender a Paraguay como castigo por la destitución del presidente Fernando Lugo, a través de un juicio político. Entonces, dicen, ignoraron el derecho a la defensa del país y le apartaron de todas las instancias del Mercosur por año y medio.
“Si vamos a aferrarnos a los antecedentes que existen en el bloque, por lo menos, amerita que Paraguay, justamente por sentirse afectado, acompañe y promueva la correcta aplicación de este mecanismo”, subrayó Paz Castaing.