El presidente Horacio Cartes había dicho en su discurso de toma de mando, el 15 de agosto de 2013, que su prioridad de gobernante iba a ser la lucha contra la pobreza. Para ello, fortaleció los programas sociales de ayuda directa a los sectores inmersos en la indigencia y creó algunos nuevos que pudieran complementar lo ya existente.
Si bien es importante proporcionar medios de sobrevivencia a los excluidos de los bienes sociales de los que un vasto sector de la población disfruta, su política de Estado ha perdido la oportunidad de avanzar mucho más rápido apostando de un modo más decidido por la educación a nivel de gestión oficial.
Es indudable que el Poder Ejecutivo solo no podía llevar adelante ningún proyecto que no contara con el apoyo de los demás poderes del Estado –el Legislativo sobre todo– para que pudiese articularse sin trabas en ninguna instancia. No hubo, sin embargo, gestión alguna que planteara de manera global el problema buscando consensos que hubieran podido concretarse en acciones que en este momento estarían en marcha.
Por eso, en el año, los temas básicos del sector fueron las aulas que funcionaban debajo de los árboles, el derrumbe de locales escolares, la corrupción en las obras emprendidas con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), la rebelión de un sector de los estudiantes secundarios, las huelgas de profesores buscando mejoras salariales y el abrupto cambio de la ministra de Educación.
Más allá de apagar incendios, no hubo casi nada de volumen y relevancia que pudiera indicar que por fin hay un despegue que permita mirar con esperanzas fundadas el futuro. Las becas para docentes en universidades del exterior y los cursos de formación para 14.000 docentes en universidades locales que ganaron una licitación son apenas una gota de agua en el inmenso mar de la urgente necesidad de contar con maestros capaces.
Ante este panorama y mirando el escenario político que ya ha echado a rodar su despiadada maquinaria que deja de lado todo lo que hubiera podido ser útil al país y se centraliza solo en la lucha por el poder, lo que viene para la educación no es alentador. Lo más seguro es que el año que está en puertas sea otro perdido.
Habrá que pensar, entonces, ya en clave de 2018, qué proponen los candidatos a dirigir el destino de la República. Los electores tienen que exigirles que de una buena vez la educación sea una causa nacional que se traduzca en acciones concretas para mejorar su nivel y convertirse en una herramienta eficaz de erradicación de la pobreza y no sea solo un discurso populista que halaga por escaso tiempo los oídos, pero en nada contribuye al desarrollo del Paraguay.
