La adjudicación de un departamento en la ciudad de Luque a favor de Chaqueñito por parte del MUVH constituye fehaciente uso indebido de influencias, causal de destitución a un parlamentario de acuerdo con la Constitución Nacional, según afirma la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes, quien adelantó que el lunes pondrá a disposición de sus colegas para que firmen el pedido de pérdida de investidura.
“Voy a poner a disposición de mis colegas a ver si quieren firmar el documento porque es intolerable así como está este personaje, por su inconducta de manera reiterada, además de que esta vez existen pruebas suficientes que configuran tráfico fehacientemente comprobado de influencias”, expresó.
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Para la legisladora nuevamente se pondrá a prueba si el cartismo blinda a parlamentarios que les son obsecuentes como el caso de Chaqueñito.
El documento deberá reunir las firmas necesarias para su ingreso y posterior estudio en comisión, para luego quedar a cargo de la presidencia del Senado ver qué celeridad le imprime para el tratamiento en el pleno.
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“Depende nuevamente de la mayoría y del cartismo en particular, si lo quieren seguir alojando bajo las alas del cartismo, porque si bien utilizó nuestro partido (Cruzada Nacional), no podemos ser responsables de su permanencia. Así como le metimos tenemos el derecho de darle una patada para sacarle del Congreso”, manifestó.
Baruja cómplice
La senadora también indicó que evidentemente, desde el MUVH, a cargo del ministro Juan Carlos Baruja, se avaló la adjudicación polémica de una vivienda social a un parlamentario que percibe unos G. 38 millones mensuales.
“Sí, esto está evidentemente avalado por el ministro Baruja por haberle otorgado esta unidad, ya que es dentro del proyecto habitacional de la modalidad económica. Evidentemente hubo complicidad del ministro”, aseguró.
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Agregó que no existe ningún respaldo legal que avale a Chaqueñito haber accedido a la vivienda.
“Esperé el comunicado oficial del ministerio y en ninguna parte hace referencia a que esta adjudicación la haya hecho por ley, reglamento o artículo, es decir, no hace mención a la legalidad de la adjudicación. En derecho administrativo, la conducta de los funcionarios debe estar reglada por reglamento o resolución”, indicó.
Por último, señaló que como recién se hizo del contrato de adjudicación y los expedientes, el próximo paso será la presentación del escrito en donde pida la expulsión del senador, que se daría recién el lunes 16 de marzo.
