Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado, Yolanda Paredes afirmó que detectó un esquema “demasiado similar” en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en la Procuraduría General de la República, el cual, según sostuvo, involucra a dos hermanos abogados que habrían participado en acuerdos extrajudiciales con significativas quitas sobre deudas millonarias.
En el caso del IPS, señaló al abogado José González Maldonado, alias “Jose’i”, por un arreglo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, que habría reducido una deuda de G. 10.000 millones –sin contar intereses, que estimó en otros G. 10.000 millones– a aproximadamente G. 7.600 millones. Según Paredes, el profesional habría percibido honorarios por G. 412,5 millones.
Asimismo, denunció un caso similar en la Procuraduría General de la República, donde mencionó al abogado Marco Aurelio González con relación a un acuerdo extrajudicial que benefició, según dijo, a la Aseguradora Tajy SA. De acuerdo con la legisladora, una deuda inicial de G. 4.304 millones fue reducida a G. 959,6 millones, mientras que el abogado habría cobrado honorarios por G. 179,9 millones.
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Paredes cuestionó especialmente el porcentaje de los honorarios profesionales, al sostener que representarían cerca del 35% del monto acordado, lo que, a su criterio, contravendría las disposiciones de la Ley Nº 1376, que establece parámetros de regulación de honorarios de entre el 5% y el 20%.
La senadora fue más allá y afirmó que existiría un “contubernio” entre abogados del Estado y sectores del Poder Judicial para concretar este tipo de acuerdos con reducciones de entre el 80% y el 90% de las deudas, calificando estas operaciones como un eventual “daño patrimonial al Estado” y una posible “lesión de confianza”, prevista en el artículo 192 del Código Penal.
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Asimismo, dirigió un mensaje al titular del IPS, Isaías Fretes, recordando que, junto con otro integrante de la bancada Cruzada Nacional, presentó un proyecto de ley que declara imprescriptibles los créditos por aportes y contribuciones adeudados al IPS y prohíbe las quitas, condonaciones o reducciones de deudas previsionales.
Argumentó que dichos recursos están destinados a garantizar derechos fundamentales como la salud, la maternidad, la invalidez, la vejez y otras prestaciones sociales, por lo que, a su entender, no deberían ser objeto de descuentos o negociaciones.
