La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo denunció un supuesto esquema de negociaciones irregulares dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de representar y defender judicialmente los intereses patrimoniales del Estado paraguayo.
La parlamentaria comparó la situación con el caso que años atrás involucró al exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), conocido públicamente como “José’i”, quien fue cuestionado por el cobro de millonarios honorarios profesionales.
“Este es José’i 2.0”, expresó Vallejo al referirse a la denuncia que recibió y que actualmente se encuentra verificando mediante pedidos de informes y recopilación de documentación oficial.
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Según explicó, el esquema denunciado consistiría en la reasignación de causas judiciales a determinados abogados que posteriormente negocian acuerdos por montos muy inferiores a los originalmente reclamados por el Estado.
Como ejemplo, mencionó una demanda promovida por la Procuraduría contra una empresa aseguradora por más de G. 4.000 millones. De acuerdo con la información que recibió, tras el cambio de los profesionales responsables del caso se habría llegado a un acuerdo por apenas G. 700 millones, mientras que los honorarios percibidos por los abogados involucrados superarían los G. 200 millones.
“Ellos representan los intereses de la República del Paraguay y están negociando. Si de más de 4.000 millones dejan en G. 700 millones y luego cobran honorarios millonarios, tendrán que explicar qué ocurrió”, manifestó. Vallejo sostuvo que, de confirmarse los datos recibidos, se estaría ante un grave perjuicio patrimonial para el Estado. Por ello, anunció que recurrirá al Ministerio Público una vez que concluya el análisis de la documentación solicitada.
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La legisladora vinculó además la situación al ex procurador Marco Aurelio González Maldonado, actual miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Recordó que, antes de abandonar la Procuraduría, este designó como encargado de despacho interino a Rubén Elidio Gaona, quien continúa al frente de la institución.
La diputada cuestionó que una entidad de la relevancia de la Procuraduría permanezca bajo una conducción interina durante más de ocho meses y anunció la presentación de un proyecto para que el cargo sea ocupado de manera permanente conforme a los mecanismos legales correspondientes. "¿Cómo va a estar una de las instituciones más importantes del país interinando por más de ocho meses?”, reclamó.
Asimismo, informó que presentó un pedido de informes para conocer todos los acuerdos judiciales y extrajudiciales celebrados por la Procuraduría desde septiembre de 2025, incluyendo los montos originalmente reclamados, las sumas efectivamente recuperadas y los honorarios abonados a los profesionales intervinientes.
Dicho pedido de informes no pudo ser tratado durante la sesión debido a la falta de quórum registrada en la última sesión de la Cámara de Diputados.
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“El que está haciendo de procurador no tiene legitimidad para ocupar el cargo”
Vallejo sostuvo que una de las principales preocupaciones que le genera el caso no tiene que ver únicamente con los acuerdos judiciales cuestionados, sino también con la situación institucional de la Procuraduría General de la República (PGR).
La diputada afirmó que la permanencia de Rubén Elidio Gaona frente de la institución sería contraria a lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley N° 6837, ya que el cargo de procurador general debe ser ocupado por una persona designada por el presidente de la República.
“Es totalmente ilegal. La Constitución dice que el procurador debe ser designado por el presidente de la República”, expresó durante una entrevista posterior a la sesión.
Según explicó, el ex procurador Marco Aurelio González Maldonado dejó designado a Gaona mediante una resolución administrativa antes de abandonar el cargo. Sin embargo, sostuvo que la legislación únicamente permite la designación de un encargado de despacho en casos de ausencia temporal, permiso o excusación del titular, pero no para reemplazar de manera permanente a quien deja la institución para asumir otra función.
“Eso que hizo González antes de irse, de designar un encargado de despacho, puede darse en caso de ausencia, permiso o excusación, nunca para irse a otro cargo. Hizo una interpretación extensiva de la norma”, cuestionó. Vallejo señaló además que el artículo 7 de la Ley N° 6837 establece expresamente que el procurador general será nombrado por el Poder Ejecutivo, por lo que insistió en que la situación actual debe ser revisada.
“Lo que más me preocupa, incluso comparando con el caso de José Costa Perdomo en IPS, es que el que está haciendo de procurador general no tiene legitimidad para ocupar ese cargo”, sostuvo.
La legisladora adelantó que continuará reuniendo documentación sobre la situación administrativa de la Procuraduría y sobre los acuerdos judiciales que fueron objeto de la denuncia. Asimismo, indicó que analizará si los elevados honorarios percibidos por los abogados guardan relación con los montos efectivamente recuperados por el Estado o si fueron calculados sobre las sumas originalmente demandadas.
“Acá demandan por más de G. 4.000 millones, arreglan por G. 700 millones y después aparecen honorarios por más de G.200 millones. No sé si ese es el modus operandi, demandar por mucho para luego regular honorarios sobre esa base y terminar arreglando por menos, pero es algo que debe ser explicado”, manifestó.
