Claudia Aguilera, viuda del fiscal Pecci, envió cartas a la Fiscalía General de Colombia, al Ministerio de Justicia y al director general de la Policía Nacional solicitando una reunión virtual para expresar su preocupación por la muerte de Correa Galeano y la falta de garantías en la investigación del asesinato de su esposo.
“La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder, considerando todo el aporte que él mismo realizó durante el proceso, y que contribuyó a la condena de los demás partícipes, resultando evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida”, indicó Aguilera en una de las cartas, según citan medios paraguayos.
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En las misivas, la viuda de Pecci aclara que solicitan las reuniones de forma virtual ante el riesgo que puede suponer su traslado a Colombia, como el asesinato de Correa Galeano el pasado viernes en una prisión de Bogotá.
Por otro lado, el medio colombiano Caracol Radio informó que tras la muerte de Correa Galeano las autoridades colombianas ordenaron medidas especiales de protección para Margareth Chacón, quien ya fue condenada a 35 años de prisión por participar en la planeación del homicidio del fiscal paraguayo.
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Abogado denuncia falta de protección y justicia
El abogado Francisco Bernate, representante legal en Colombia de la familia del fiscal Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, cerca de Cartagena (Colombia), denunció este miércoles graves deficiencias en la protección brindada tanto a él como a las víctimas y testigos del caso.
Según declaró Bernate a ABC Cardinal, el asesinato de Correa Galeano, testigo clave en el caso, no fue una simple riña entre presos, sino “un mensaje claro a todo aquel que pretenda colaborar”.
Además, el abogado indicó que la falta de garantías para los testigos ha creado un ambiente de temor que dificulta el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, Bernate afirmó que los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón, implicados en el caso, también están en peligro y necesitan protección si deciden revelar quién dio la orden de asesinar a Pecci.
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En este sentido, sugirió que el Estado colombiano debería considerar incluirlos en programas especiales de testigos que incluso podrían implicar su traslado a otros países.
Respecto a las investigaciones, Bernate criticó la falta de avances por parte de la Justicia paraguaya, afirmando que “Colombia ha mostrado su eficiencia y compromiso”, pero aún se requiere colaboración internacional, especialmente de Estados Unidos.
“Si Colombia no es capaz, si Paraguay no es capaz, pues que Estados Unidos sea el que dé la última palabra”, enfatizó, refiriéndose al interés previo de fiscales estadounidenses en el caso.
Finalmente, el abogado apoyó la solicitud de la familia Pecci de reunirse con altas autoridades colombianas para discutir avances en la investigación y protección para los involucrados.
Insistió en que dichas reuniones deben ser atendidas personalmente por los responsables, y no delegadas a funcionarios de menor rango: “Esto no es solamente recibir un salario del Estado colombiano, esto es estar al servicio de los colombianos”.
El caso de Marcelo Pecci, quien fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel en Colombia, continúa siendo un tema de preocupación internacional, con llamados constantes para que las autoridades brinden justicia y garantías de seguridad para los involucrados.
“El temor de que deliberadamente se esté dejando pasar el tiempo es cada vez más grande”, afirmó el martes la familia en un comunicado leído por Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado.
Además, exigieron que las autoridades paraguayas abandonen el “secretismo inconstitucional” y cumplan con su deber de esclarecer el crimen, individualizando y castigando a los culpables.
Fuente: EFE
