La diputada Alexandra Zena cuestionó las falencias en los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia y señaló que la Fiscalía cuenta con apenas 70 profesionales de sicología para atender entre 140.000 y 150.000 casos. Pidió datos sobre los dispositivos electrónicos operativos, las alertas o fallas de transmisión registradas y las denuncias realizadas ante la Policía Nacional.
Durante su exposición, la parlamentaria opositora citó a la directora de Género del Ministerio Público, Elida Fávole, quien señaló que las evaluaciones psicológicas requeridas para solicitar la prisión preventiva pueden tardar entre tres y seis meses debido a la falta de profesionales.
La diputada de Cruzada Nacional recordó que las leyes N.º 5863/2017 y N.º 7270/2024 establecieron herramientas para la utilización de dispositivos electrónicos de control, tanto para contribuir a aliviar la crisis penitenciaria como para proteger a las víctimas de violencia. Sin embargo, cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de estas normativas, persistan dificultades para garantizar su implementación efectiva.
“Una vez más llegamos tarde”, manifestó la legisladora, quien lamentó la escasa atención que, a su criterio, recibe el tema dentro del Senado y cuestionó que el debate sobre la violencia termine muchas veces en enfrentamientos entre colegas, en lugar de centrarse en las medidas necesarias para prevenir nuevos casos.
La parlamentaria sostuvo que el pedido de informe responde a una vida que ya se perdió, en relación a la joven Deisy quien fue asesinada la semana pasada, y defendió la necesidad de conocer el funcionamiento de los mecanismos de protección. En ese sentido, solicitó datos sobre la cantidad total de dispositivos adquiridos o puestos a disposición, el número exacto de equipos que se encuentran operativos a nivel nacional y las alertas o fallas de transmisión detectadas por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC).
La legisladora también puso el foco en la falta de recursos humanos dentro del Ministerio Público. Según los datos mencionados durante la exposición de Fávole, la Fiscalía cuenta con apenas 70 psicólogas para atender entre 140.000 y 150.000 víctimas de distintos hechos, incluidos casos de violencia familiar, situaciones que involucran a niños, trata de personas y coacción.
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De acuerdo con lo expuesto, esta sobrecarga hace que las evaluaciones psicológicas puedan demorar entre tres y seis meses en algunas zonas. Zena señaló que estas dificultades repercuten en el sistema judicial, teniendo en cuenta que los jueces exigen evaluaciones de este tipo para disponer la prisión preventiva en determinados casos.
“Hablan sobre 70 psicólogos”, expresó la legisladora, quien planteó la necesidad de fortalecer los recursos destinados a estos profesionales. A modo de ejemplo, calculó que, si cada uno de los 70 psicólogos realizara ocho evaluaciones diarias, se alcanzarían 560 evaluaciones por jornada y 2.800 en cinco días, una capacidad que consideró insuficiente frente a la cantidad de víctimas registradas.
“Más rubros para los psicólogos de la Fiscalía, si quieren tanto hablar de cuál es el primer paso para llegar a la ciudadanía. Con lo que hay se trabaja, con lo que hay”, manifestó al insistir en la necesidad de dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia.
Zena sostuvo que cada guaraní invertido debe traducirse en herramientas operativas y disponibles de manera ininterrumpida. Afirmó que conocer el estado real de las tobilleras electrónicas es fundamental para evaluar si el sistema cumple con su objetivo de proteger a las víctimas de violencia.
