La diputada Johanna Ortega cuestionó los discursos que plantean la pena de muerte y el aumento de las penas como respuesta a los feminicidios. Sostuvo que estas propuestas no resuelven el problema y advirtió sobre la gravedad de promover medidas contrarias a la Constitución Nacional.
“En estos días escuché discursos populistas y leí atrocidades. Sencillamente me cuesta muchísimo creer que en esta cámara nosotros sigamos debatiendo al aire las cuestiones mientras se sigue enterrando mujeres. Leí que hay colegas que incluso hacían encuestas para violentar la Constitución Nacional. Cagarnos en la Constitución Nacional como legisladores es doblemente grave”, expresó.
“Los derechos fundamentales no son una cuestión de popularidad, no son una cuestión de likes en redes sociales. No se pueden discutir y están en nuestra Constitución”, agregó.
En referencia al caso de Deisy, señaló que la pena de muerte no devolverá la vida a la víctima ni evitará por sí sola que otras mujeres sean asesinadas. “¿Queremos discutir la pena de muerte porque queremos más votos o porque queremos que dejen de morir más mujeres?”, cuestionó.
Ortega sostuvo que la discusión debe centrarse en políticas de prevención y en un abordaje integral de la violencia. Recordó que el aumento de las penas para hechos de violencia intrafamiliar no impidió que las mujeres siguieran siendo golpeadas y asesinadas.
“Los problemas complejos, colegas, no tienen soluciones fáciles. Los problemas complejos requieren un abordaje complejo”, manifestó.
En ese sentido, dijo que asume la responsabilidad por no haber presentado antes un proyecto para derogar la “resolución Riera” del Ministerio de Educación y Ciencias, que prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la teoría o ideología de género en las instituciones educativas del país.
La legisladora planteó la necesidad de avanzar en una discusión sobre educación sexual y prevención.
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Por su parte, la diputada Dalia Estigarribia se refirió a los 20 asesinatos de mujeres registrados en el marco de la ola de feminicidios y exhibió una infografía del diario Última Hora con los rostros de las víctimas.
“Son rostros que nos entristecen”, expresó al cuestionar la respuesta de las instituciones responsables de proteger a las mujeres.
Estigarribia preguntó por qué el Estado no utiliza las tobilleras electrónicas como mecanismo de protección y abogó por la creación de juzgados especializados para atender los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, anunció que volverá a incluir en el orden del día el proyecto que busca eliminar el matrimonio adolescente.
A su turno, el diputado Mauricio Espínola puso el foco en las fallas que pueden producirse entre la presentación de una denuncia y la protección efectiva de la víctima, también a partir del caso de Deisy.
“¿De qué sirve que una persona denuncie si el sistema no va a lograr proteger su vida?”, cuestionó.
El legislador sostuvo que deben deslindarse responsabilidades y determinarse si las instituciones cumplieron los protocolos correspondientes. En ese contexto, advirtió que una denuncia no puede quedar archivada ni una orden de alejamiento reducirse a una resolución escrita sin efectos concretos.
“Detrás de cada expediente hay una familia, una mujer que tiene miedo. El Estado no puede exigirle que denuncie y luego dejarla sola”, manifestó.
Espínola reclamó que se investigue qué falló, quiénes debían intervenir y si se cumplieron los procedimientos establecidos, con el objetivo de corregir las deficiencias y evitar que otras familias atraviesen una situación similar.
