Las medidas fueron acordadas durante una reunión de articulación interinstitucional de la que participaron representantes del Rectorado, su Asesoría Jurídica, la Dirección de Bienestar Institucional, el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA) y representantes estudiantiles de distintas facultades.
Entre las principales decisiones se establecieron la atención y contención de las personas afectadas, el acompañamiento institucional y jurídico, la coordinación con organismos competentes y la aplicación de medidas de protección y resguardo académico cuando correspondan.
También se prevé reforzar las acciones de prevención, capacitación y sensibilización dentro de la comunidad universitaria. El Rectorado señaló que se busca “coordinar mecanismos de atención, protección y acompañamiento a las personas afectadas”.
El Rectorado habilitó a la Dirección de Bienestar Institucional (DBI) como canal oficial para recibir denuncias y solicitudes de atención, a través del correo dbi@rec.una.py. Las comunicaciones serán centralizadas por esta dependencia, que coordinará la atención y las derivaciones con la Asesoría Jurídica y el Ministerio de la Mujer, según cada caso.
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Profesionales especializados del Ministerio de la Mujer brindarán atención en la Dirección General de Extensión Universitaria, en coordinación con la DBI y las demás instituciones involucradas.
La UNA indicó que garantizará el tratamiento confidencial de las denuncias y el resguardo de la identidad de las personas involucradas, “procurando en todo momento evitar su exposición y revictimización”. También continúa disponible la línea 137 SOS Mujer para orientación y contención.
En el ámbito judicial, la Asesoría Jurídica del Rectorado articulará con el Área Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, a la que pondrá a disposición los antecedentes, evidencias e información pertinente para la investigación.
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Asimismo, esta dependencia gestionará ante el Juzgado de Paz competente las medidas de protección que correspondan para el resguardo de las personas afectadas. Las actuaciones se desarrollarán respetando las competencias de cada institución y el debido proceso.
Las denuncias fueron realizadas en los últimos días y afectan a estudiantes de varias unidades académicas y, según representantes estudiantiles, la problemática alcanzaría a alrededor de 10 facultades. Entre las situaciones señaladas figuran la difusión de imágenes íntimas, el uso de inteligencia artificial para generar contenido sexual y el intercambio de datos personales.
