25 jun. 2026

Víctimas de presuntas deudas falsas logran salir de Informconf

Festejan. Víctimas son excluidas de la base de datos de Informconf.

Las víctimas de la mafia de pagarés.jpg

Medida. Las víctimas de la mafia de pagarés prevén realizar el 13 de julio un encadenamiento masivo a raíz de las pocas respuestas de autoridades.

Foto: Archivo.

Varias familias se liberaron de estar injustamente atrapadas como morosas en Informconf (Equifax) por deudas inexistentes. Luego de la intervención de la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés y la publicación de ÚH y, la empresa Equifax finalmente rescindió contrato con su funcionario Raúl Enciso, quien registraba como morosos pese a deudas falsas.

El hombre había ingresado a un número importante de personas al registro de falta de pagos; sin embargo, todas ellas desconocían las operaciones e incluso las firmas.

Las víctimas habían hecho sus reclamos al propio Raúl Enciso y a la misma empresa, pero el silencio era lo único que recibían. Aunque, en realidad de Enciso sí recibían malos tratos, exigiendo que paguen las supuestas deudas.

MODUS OPERANDI. Desde la Comisión Especial del Senado explicaron que son varios los afectados por un mismo esquema de registros irregulares de supuestas deudas que ahora logran ser excluidas de las bases de Equifax Paraguay.

Los casos presentan un patrón común: las víctimas aparecían registradas como morosas por operaciones en pequeños montos –entre G. 200.000 y G. 310.000– que desconocían.

Incluso, las mismas firmas en los pagarés los afectados no reconocían como propias.

En todos esos casos, figuraba como acreedor Raúl Daniel Enciso González, quien terminaba diciéndoles a las víctimas que los montos ya subían a G. 4 millones debido a intereses acumulados.

Según las denuncias, él decía haber adquirido pagarés provenientes de vendedores de sillones y ofrecía supuestos “descuentos” para cancelar las deudas, advirtiendo que, de no pagar, continuarían figurando en Informconf, con las graves consecuencias de no poder acceder a créditos y otros servicios financieros.

Varias víctimas también denunciaron haber recibido malos tratos y presiones durante las comunicaciones mantenidas con el denunciado.

UNO DE LOS CASOS. ÚH publicó la semana pasada la historia de Sergio Daniel Ruiz Díaz, quien al intentar acceder a un crédito se enteró de que estaba inscripto en Informconf por una deuda que nunca fue suya, pero que al intentar pagar, le dijeron que debían pagar casi 3.000% más de lo que les aparecía.

Según un gestor les proporcionó, fue registrado como moroso por un supuesto adeudo de G. 150.000, pero luego le dijeron que la deuda ya subió a G. 4.000.000.

El responsable de inscribirles fue el mismo Raúl Enciso, quien solo respondió que compró el pagaré de una mueblería por un supuesto sillón que las víctimas aseguran nunca haber retirado.

Sergio Ruiz Díaz no reconoció su firma en el pagaré, pero el funcionario alardeó de ser “perito”.

INTERVENCIÓN. Ante la falta de respuestas, los afectados recurrieron a la Comisión Especial del Senado, desde donde se iniciaron las gestiones con Equifax para que se tomen las medidas y, finalmente, el día de hoy todas las personas pudieron liberarse y fueron excluidas de la base de datos.

La Comisión denunció que nuevamente acá se evidencia “un esquema más amplio” de uso de pagarés sin los debidos controles ni respaldo documental suficiente.

A raíz de eso, un grupo de víctimas presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue las responsabilidades sobre cómo están trabajando desde los buró de créditos, como Informconf y otros.

“Pisotean la CN”

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés sacó un comunicado en el que denunciaron el uso irregular de la Constitución Nacional en contra de los afectados por este esquema.

“No existe vigencia constitucional cuando el aparato judicial se convierte en una factoría de sentencias exprés que despoja a las familias trabajadoras de sus medios de subsistencia”, lamentaron.

Atribuyeron a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad directa de “la degradación”.

Citaron varias falencias, como falta de autorías punitivas, ausencia de sanciones penales para los magistrados y actuarios, la falta de un freno de este esquema “que destruye la dignidad humana”.

Nuevamente la coordinadora impulsó el pedido de juicio político presentado en el 2025 en contra de los ministros.

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