La Comisión Permanente del Congreso, aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio Público; al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); al Ministerio del Interior (MI); y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a tomar medidas urgentes para resolver el conflicto en la localidad de Ypejhú, Departamento de Canindeyú”.
La iniciativa fue presentada por el Benjamín Cantero ante la situación de inseguridad jurídica y social que persiste en la zona, en el marco del conflicto entre la firma Agropecuaria Principado SA y la comunidad indígena en formación Tekoha Karapá, en Ypejhú.
“Tras la visita técnica realizada por legisladores y autoridades del Ejecutivo, el pasado 16 de enero, se han asumido compromisos institucionales que, a la fecha, no han tenido el impulso ni la ejecución operativa necesaria para brindar la solución esperada”,menciona la exposición de motivos.
En ese contexto, el documento advierte que la inacción de las instituciones involucradas “no solo prolonga el riesgo de enfrentamientos violentos, sino que desestima el esfuerzo de mediación realizado por este Congreso Nacional”.
“Esta Comisión debe exigir el cumplimiento de las funciones legales de cada entidad, garantizando el derecho a la propiedad privada y los derechos de los pueblos indígenas, sin mayor dilación”, expresa el texto.
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El proyecto de declaración insta a la Fiscalía General del Estado a impulsar, con prioridad y objetividad, las investigaciones penales vinculadas a las denuncias presentadas en torno al conflicto, “asegurando que la acción penal pública sirva como freno a la comisión de hechos punibles en la zona”.
También exhorta al INDI a realizar de manera inmediata un censo y un análisis técnico sobre la situación de la comunidad en formación Tekoha Karapá, “emitiendo un dictamen jurídico claro que otorgue certeza tanto a los pobladores indígenas como a los propietarios afectados”.
Finalmente, insta al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, a garantizar efectivamente la seguridad y el respeto a la propiedad privada, “colaborando con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes vigentes y protegiendo en todo momento la integridad de todas las personas involucradas”.
Cantero comentó que los documentos que presenta la estancia Principado son “válidos” e instó a las instituciones encargadas “a tomar cartas en el asunto”. Asimismo, dijo que varias familias tienen a sus comunidades en otros lugares.
Colym Soroka precisó que dos personas fallecieron hace unos 20 días. “Muchas de ellas (indígenas) tienen sus tierras y casas asignadas por el Gobierno”, comentó. Afirmó que las organizaciones criminales utilizan a la comunidad para que los indígenas persistan en la zona.
Añadió que están armados. “Señores del INDI y del Ministerio del Interior. Es responsabilidad de ustedes. Deben poner orden. Esta es una propiedad privada”, aseveró.
No obstante, son constantes las denuncias de los indígenas que son amenazados por guardias civiles y la Iglesia Católica denunció amenaza de etnocidio.
