A través de una nota dirigida al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, la señora Laislaa García urgió “abonar y saldar la deuda impaga desde el 2015”.
Se trata del pago de una indemnización por el asesinato de su padre, el juez Arlindo García, durante el régimen dictatorial stronista.
Asimismo, solicitó a Fernández Valdovinos “allanar los obstáculos que impiden la justicia por ley”.
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Esta nueva nota se suma a una serie de recursos que García presentó para presionar por el pago de la indemnización, alegando “motivos de salud personal, familiar y sus consecuencias a largo plazo”.
En julio del 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Senado remitió su expediente a la Presidencia de la República.
Además, cuenta con un amparo judicial para que el Poder Ejecutivo abone dicha indemnización por ser considerada una víctima de la dictadura; sin embargo, no puede acceder a hace retribución desde hace ochos años.
Laislaa García es docente jubilada y canciller internacional de Derechos Humanos de la Organización Mundial de Defensores de Derechos Humanos (OMDDH).
