EFE
“Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos”, leyó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de un comunicado, durante una alocución televisada.
El canciller brasileño, Aloysio Nunes, informó en una rueda de prensa celebrada en la Alcaldía de Sao Paulo, que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras una reunión de ministros de Exteriores, determinaron una “suspensión de naturaleza política, por consenso, una sanción grave de naturaleza política contra Venezuela”.
El Gobierno de Nicolás Maduro “protesta y rechaza enérgicamente” esta declaración y “alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional”.
Asimismo, considera que los países fundadores del Mercosur (Mercado Común del Sur) han convertido al bloque “en un órgano de persecución política contra Venezuela”.
La llamada revolución bolivariana “reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos (...) exige cese de acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado parte del Mercosur”.
“Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del Mercosur, Venezuela es Mercosur porque está sembrada en el corazón de su pueblo”, concluyó Arreaza.
La reunión de cancilleres en Sao Paulo se celebró un día después de la instalación en Caracas de la Asamblea Constituyente elegida el pasado domingo, que no ha sido reconocida hasta hoy por ninguno de los socios fundadores del Mercosur.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, conocido como “cláusula democrática”, permite la aplicación de sanciones a los países en los que se rompa el hilo institucional, incluso de tipo económico y comercial.
