Un grupo de referentes de Derechos Humanos, encabezados por Martín Almada, entregaron una nota al titular del Congreso, Silvio Ovelar, en la que cuestionan la candidatura de Alma Méndez, quien figura en la terna para la Corte.
En la nota mencionan que la misma había sido denunciada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por vulnerar derechos humanos de vecinos del barrio Murucuyá de Asunción, por una subestación eléctrica.
Se hace referencia que antes de llegar a la instancia internacional, los pobladores “lamentablemente fueron desamparados por la Justicia”.
Se menciona al juez Tadeo Zarratea, en primera instancia; y en segunda instancia a Alma Méndez, Mario Maidana y Concepción Sánchez.
En la nota, indican que esta situación se presentó ante el Consejo de la Magistratura, ya que Zarratea, Méndez y Maidana se postulaban para la Corte Suprema de Justicia.
Los referentes de Derechos Humanos cuestionaron que a pesar de la denuncia, el Consejo comunicó que Méndez fue seleccionada para integrar una nueva terna.
“Consideramos que esta delicada situación, que pone en tela de juicio a nivel internacional la seguridad jurídica de nuestro país, necesita ser tenida en cuenta por la Honorable Cámara de Senadores a la hora de seleccionar al ministro de la Corte”, indica la misiva.
“Debemos subrayar la enorme responsabilidad que implican las ilegítimas acciones y omisiones de nuestras autoridades en este asunto, porque están en juego nada menos que los derechos humanos a la vida, la salud y el ambiente saludable de muchas personas, cuyas viviendas y lugares de trabajo son afectados por subestaciones y líneas eléctricas”, reclaman.
Solicitan además que pueda ser tratado en el Senado un proyecto de ley que había sido presentado por los ex senadores Arnaldo Giuzzio y Eduardo Petta.
El mismo establece las condiciones para la instalación de subestaciones en zonas urbanas.
