Las empleadas son Fátima Galeano y Gloria Román, quienes fueron despedidas recientemente. Ellas acusan al presidente de la Junta, Alberto Pascual Velázquez Peralta, de perseguirlas y de violar el estatuto interno al permanecer en el cargo por tres periodos consecutivos cuando el artículo 51 establece un límite de dos periodos seguidas.
Dolly Diana Esquivel Salinas, con 19 años de servicios, asegura que la persecución se intensifica al no respaldar la precandidatura de Velázquez Peralta a la concejalía municipal, siendo relegada a tareas menores. Las denuncias también incluyen casos de nepotismo y planillerismo. Según las afectadas, hijos de altos funcionarios son registrados como empleados sin asistir al trabajo, violando a su vez los estatutos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). A su vez, revelan existen pagos injustificados a talleres, abogados y empresas con sospechas de sobrefacturación; así como la compra de bebidas alcohólicas por más de G. 2.500.000 para celebrar una reelección irregular.
También dicen que la entidad carga con deudas millonarias a entes públicos. Por citar, G. 30 millones a la Secretaría de Estado de Tributaciones (SET); G. 10 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y G. 9 millones al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).
La situación en la Junta de Saneamiento de Vallemí está generando creciente preocupación entre los ciudadanos, más aún que los denunciantes ya elevaron las evidencias hasta las instancias superiores sin que haya respuesta. Nadie de la Junta dio su versión. JR
