La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aceptó las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley que establece la implementación de videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado.
El documento, bautizado como ley anticoima, pretende establecer el uso de cámaras en las inspecciones, allanamientos, registros, secuestros de bienes y detenciones de personas. El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.
El proyecto establece medidas como que el funcionario, en el momento de iniciar un procedimiento, tendrá la obligación de tener la videocámara corporal encendida y apagarla posteriormente al terminar. Pero en ningún caso el funcionario tendrá la posibilidad de editar o borrar los videos de los procedimientos que haya realizado.
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Estipula, además, que su uso será obligatorio en todos los procedimientos en los que funcionarios del Estado, en uso de sus facultades legales y en investigación de hechos punibles o infracciones administrativas, realicen procedimientos consistentes en inspecciones, allanamientos, registros y secuestros de lugares, personas o bienes.
Esta medida tiene la intención de proteger a ambas partes en un procedimiento legal, en caso de que se encuentre alguna controversia dentro del mismo, al igual que reducir el delito de cohecho pasivo que puede involucrar a funcionarios estatales y ciudadanos.
La propuesta legislativa designación del Ministerio del Interior como ente regulador también tiene alcance a funcionarios municipales y se incorpora al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) en el proceso de almacenamiento de datos. Además, se determina como órgano fiscalizador conjunto con la Secretaría Anticorrupción.
