EFE - Elena Montero
La iniciativa presentada por la coalición oficialista de izquierdas, el Frente Amplio, para posibilitar el voto de los uruguayos en el exterior se encuentra paralizada a falta del acuerdo necesario de los dos tercios de la Cámara baja para desbloquearla.
Para tratar de volver a poner el asunto sobre la mesa, actores de la sociedad civil que velan por los derechos humanos, sostenidos por algunos organismos oficiales, han vuelto a lanzar ahora un informe que reitera la necesidad de aprobar e instrumentar “un proyecto que habilite el voto de los uruguayos” en el extranjero.
Concretamente, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el pasado lunes un segundo documento reclamando el cambio legislativo, que sigue la línea de su primera reivindicación, hecha en 2013.
El nuevo “momentum” que se busca con esta iniciativa viene marcado por los tiempos políticos del país -las próximas elecciones se celebran en 2019, lo que daría tiempo para articular e implementar la norma- y en la situación legislativa del resto de los países de la región.
“Si se sigue postergando la redacción y votación de la ley nuevamente quedará para una nueva legislatura y creemos que eso no puede seguir sucediendo”, asevero Mariana González, una de las directoras del INDDHH, durante la presentación del informe.
Desde que Paraguay reformó su Carta Magna en 2011 y Chile hizo lo propio en 2014 para permitir por ley -promulgada el pasado 7 de octubre- el voto de sus compatriotas en el extranjero, Uruguay se quedó sólo en la región en su bloqueo al sufragio exterior.
Por su parte, en Argentina los residentes en el extranjero pueden participar de las elecciones nacionales desde 1991 y, al contrario de los que residen en el país, los que viven en el exterior no están obligados a votar.
En Uruguay, los detractores a la habilitación del sufragio exterior se amparan en la interpretación rigurosa del artículo primero de la Constitución, que establece que el país es “la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”.
Desde la INDDHH señalaron que se trata de un argumento obsoleto debido a los cambios en las migraciones, que son “cada vez más de ida y vuelta”.
Asimismo, apuntan a que también ha variado mucho la tecnología y que por ello, “hoy, estar o no físicamente en un lugar no quiere decir no estar enterado, no estar comunicado, no sentirse o ser parte”.
Otras voces achacan el bloqueo a motivos políticos.
“Existe el preconcepto de que la gran mayoría de uruguayos en el exterior suponen van a votar a la izquierda. Un argumento que considero muy paupérrimo porque la composición de la población en el exterior ha cambiado muchísimo”, dijo a Efe el diputado frenteamplista Roberto Chiazzaro.
Esta presuposición nace en la cantidad de emigrados que se dieron a principios de los setenta con motivo de la dictadura militar y que conformaron en un primer momento el grueso de la población uruguaya expatriada.
La comunidad uruguaya en el extranjero se estima que ronda los 529.400 nacionales -el 16 %-, pero es una cifra difícil de precisar porque no hay un registro exacto de las segundas y terceras generaciones.
De momento, desde el Ministerio de Exteriores se trabaja en un registro único de los uruguayos en el exterior, que podría estar disponible en la segunda mitad de 2017.
Aun así, según dijo a Efe el director de asuntos consulares, Jorge Muiño, la cifra del padrón sería diferente, puesto que no todos tendrían potestad para votar, sólo los avecinados en el país acorde con la Constitución.
Respecto a cómo se llevarían a cabo las hipotéticas elecciones, Muiño insistió en que se encuentran preparados para asumir unas elecciones consulares ya que se ha “profesionalizado” al funcionariado y se han modernizado los procesos.
En este sentido, se procedería de forma pareja a como lo hizo Paraguay en las elecciones presidenciales de 2013, las primeras en las que se pudo votar desde el exterior, o como se prepara para hacerlo Chile por primera vez en noviembre de 2017, con votaciones en los consulados que tienen por todo el mundo.
El traslado de la información tampoco tendría inconvenientes a ojos de Muiño, puesto que igual que se tramita “un pasaporte de manera online desde el consulado” se podría enviar la información de la votación a la Corte Electoral.
Aun así y pese a los avances, el presidente de la Junta Electoral uruguaya, José Arocena, dijo a Efe que por el momento el organismo “no cuenta con el tema en su cronograma”, lo que podría indicar que los uruguayos tendrán que esperar o seguir presionando a los cuerpos políticos para ampliar su derecho al voto.
