12 jul. 2024

Urgen políticas para garantizar una buena alimentación a la población

Un reciente informe puso a Paraguay entre los países de mayor inflación de alimentos en el mundo, detrás de países como Sudán del Sur, Liberia y Haití que enfrentan conflictos internos desde décadas atrás con fuerte impacto social y económico o Egipto ubicado en una de las regiones más áridas y calurosas del mundo. Es vergonzoso e imperdonable que hayamos terminado en esta situación debido a la falta de oferta de alimentos y la consiguiente, necesidad de importar.

De qué sirven las estadísticas de primeros exportadores de alimentos como carne y trigo si finalmente la población no cuenta con alimentos sanos para su propio beneficio. No se puede hablar de éxito económico, país profamilia, si no se garantiza el derecho a la alimentación y a la salud para las familias.

La inflación de alimentos no solo es un problema económico para los hogares. El costo del problema se traslada al sector público, especialmente al sistema de salud. En Paraguay, 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y 1 de cada 3 niños y adolescentes se encuentra con esta condición de salud. Lo preocupante de estos números es que la tendencia de la proporción de sobrepeso y obesidad está en aumento desde varios años atrás.

El exceso de peso (sobrepeso y la obesidad) afecta al 69,3% de la población adulta al 34,6% de niños, niñas y adolescentes. Los factores que llevan a que una persona desarrolle sobrepeso/obesidad son múltiples y nuestra población está expuesta a ellos desde la niñez. El bajo consumo de frutas y verduras representan amenazas para la salud de nuestros niños y jóvenes e influirá definitivamente en el futuro de cada uno de ellos.

El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, con muchas calorías, grasas y azúcar y que además carecen de valor nutricional, constituye uno de los principales factores que favorece el desarrollo de obesidad y otras enfermedades asociadas.

Solo el 3,9% de la población que consume la cantidad adecuada de porciones de frutas y/o verduras al día. Entre los niños, niñas y adolescentes, el 59% tiene un bajo consumo de frutas y el 75% de verduras.

A la par del aumento del sobrepeso y la obesidad, también está aumentando la inseguridad alimentaria que ya llegó al llegó a 25,9% de la población, problema que afectaba a menos del 10% un quinquenio atrás.

Todos estos datos provienen de fuentes oficiales, por lo que no se puede argumentar que las autoridades no conocían y menos aún deslegitimar evidencia pública para invisibilizar el grave problema.

Estas condiciones de salud nutricional condenan a la niñez ya que impiden logros en el aprendizaje y la posibilidad de acumular capital humano. A las personas adultas las condena a una vejez con una pesada carga de enfermedades, reduciendo el tiempo de vida saludable.

Al Estado le lleva a la ineficiencia de la inversión en salud, ya que se hace cada vez más necesario destinar recursos a enfermedades crónicas en lugar de a la prevención cuyo costo es mucho mas bajo.

En definitiva, con la situación actual perdemos calidad de vida y eficiencia del gasto público. Es urgente que las autoridades asuman el problema e implementen las políticas que necesita el país para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria. El Estado debe contribuir al bienestar de todos con sus políticas y no solo a un grupo reducido que gracias al crecimiento del PIB recibe los beneficios. En los últimos años, este crecimiento no está permitiendo ni siquiera garantizar una buena alimentación.

Urgen políticas agropecuarias que impulsen la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos y a precios justos y políticas comerciales que limiten el poder de compra de los intermediarios. El componente de Educación nutricional del Programa Hambre Cero debe ser tan relevante como la distribución de raciones. No hay excusas para no invertir en la salud nutricional de la población en todas estas políticas de manera a mejorar la calidad de vida y ponerle fin a la inflación de alimentos.

Más contenido de esta sección
La aplanadora colorada junto con sus agregados está presta para dejar de lado la propuesta ciudadana de modificación de la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública, una iniciativa popular que logró reunir 61.000 firmas de apoyo. El nuevo presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez, decidió que no se trata de una iniciativa popular, por lo cual tratarán su propio proyecto. Además, del temor de que suavicen las sanciones, preocupa el desprecio que muestra la clase política por las opiniones de la sociedad.
Datos oficiales señalan que, en los últimos cuatro años, los casos de violencia familiar aumentaron en un 50%. Asimismo, este delito, junto con el hurto y el robo, constituye de los más denunciados en el país. La paraguaya es una sociedad en la que se está naturalizando que la violencia sea la forma de resolver los conflictos, a través de amenazas, golpes, agresiones y tratos denigrantes. El Gobierno debe actuar con más eficiencia a través de las instituciones, y no solo presentar rimbombantes planes que al final quedan en la retórica.
El actual escenario político es el que se temía, cuando, tras las elecciones de 2023, se produjo el acaparamiento por parte de la ANR de los poderes del Estado. La aplanadora cartista ya ha demostrado antes sus intenciones, regalando impunidad a los suyos, torciendo incluso normas constitucionales como el caso del desdesafuero. Gran preocupación debe generar la intención detrás del proyecto de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, que puede ser vista como un intento de controlar a la sociedad civil.
Pacientes que recurren al Hospital Distrital de Presidente Franco, en Alto Paraná, aguardan desde la madrugada, bajo la intemperie la oportunidad de acceder a un turno, y después de soportar la helada les informan que los médicos se ausentaron de las consultas; en el Instituto Nacional del Cáncer habían emitido una escandalosa resolución, en la que prohibían a los médicos la prescripción de medicamentos no registrados en el país. El Gobierno debe resolver de forma urgente todas estas situaciones de precarización de la salud pública.