La inflación de alimentos no solo es un problema económico para los hogares. El costo del problema se traslada al sector público, especialmente al sistema de salud. En Paraguay, 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y 1 de cada 3 niños y adolescentes se encuentra con esta condición de salud. Lo preocupante de estos números es que la tendencia de la proporción de sobrepeso y obesidad está en aumento desde varios años atrás.
El exceso de peso (sobrepeso y la obesidad) afecta al 69,3% de la población adulta al 34,6% de niños, niñas y adolescentes. Los factores que llevan a que una persona desarrolle sobrepeso/obesidad son múltiples y nuestra población está expuesta a ellos desde la niñez. El bajo consumo de frutas y verduras representan amenazas para la salud de nuestros niños y jóvenes e influirá definitivamente en el futuro de cada uno de ellos.
El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, con muchas calorías, grasas y azúcar y que además carecen de valor nutricional, constituye uno de los principales factores que favorece el desarrollo de obesidad y otras enfermedades asociadas.
Solo el 3,9% de la población que consume la cantidad adecuada de porciones de frutas y/o verduras al día. Entre los niños, niñas y adolescentes, el 59% tiene un bajo consumo de frutas y el 75% de verduras.
A la par del aumento del sobrepeso y la obesidad, también está aumentando la inseguridad alimentaria que ya llegó al llegó a 25,9% de la población, problema que afectaba a menos del 10% un quinquenio atrás.
Todos estos datos provienen de fuentes oficiales, por lo que no se puede argumentar que las autoridades no conocían y menos aún deslegitimar evidencia pública para invisibilizar el grave problema.
Estas condiciones de salud nutricional condenan a la niñez ya que impiden logros en el aprendizaje y la posibilidad de acumular capital humano. A las personas adultas las condena a una vejez con una pesada carga de enfermedades, reduciendo el tiempo de vida saludable.
Al Estado le lleva a la ineficiencia de la inversión en salud, ya que se hace cada vez más necesario destinar recursos a enfermedades crónicas en lugar de a la prevención cuyo costo es mucho mas bajo.
En definitiva, con la situación actual perdemos calidad de vida y eficiencia del gasto público. Es urgente que las autoridades asuman el problema e implementen las políticas que necesita el país para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria. El Estado debe contribuir al bienestar de todos con sus políticas y no solo a un grupo reducido que gracias al crecimiento del PIB recibe los beneficios. En los últimos años, este crecimiento no está permitiendo ni siquiera garantizar una buena alimentación.
Urgen políticas agropecuarias que impulsen la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos y a precios justos y políticas comerciales que limiten el poder de compra de los intermediarios. El componente de Educación nutricional del Programa Hambre Cero debe ser tan relevante como la distribución de raciones. No hay excusas para no invertir en la salud nutricional de la población en todas estas políticas de manera a mejorar la calidad de vida y ponerle fin a la inflación de alimentos.
