Los incidentes que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción constituyen una vergüenza para la academia, y lamentablemente el agravio ya no sorprende. Esta casa de estudios ha sido considerada históricamente como una seccional colorada y una suerte de semillero de la politiquería. Es inaceptable y bochornoso un enfrentamiento a balazos en una universidad, cuyo objetivo es formar profesionales comprometidos con la difusión del conocimiento, orientados al bienestar de la sociedad.
Es preocupante que cuando se producen incidentes en la Facultad de Derecho UNA ya estos no causen asombro. Sin embargo, no estábamos acostumbrados a que tan importante casa de estudios ocupe un relevante espacio en la crónica policial, como sucedió hace unos días.
Los incidentes se dieron en el marco de las elecciones para el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, y hubo de todo, desde amenazas, destrozos, denuncias de irregularidades, como inducción al voto, papeletas prefabricadas y padrones con falencias, hasta disparos, heridos y detenidos. Tras los incidentes y una persecución, la Policía Nacional detuvo a casi una veintena de jóvenes, y luego los trasladó hasta la Comisaría 12ª Metropolitana, y los puso a disposición del Ministerio Público.
Este nivel de violencia no debería acontecer, ni en un estadio de fútbol ni en una universidad, y nos habla de los niveles de intolerancia y agresividad a los que estamos alcanzando como sociedad. Además de la violencia, que sorprende e indigna, en el relato resalta otro elemento igual de complejo y sumamente grave.
Las elecciones fueron convocadas para elegir a tres representantes no docentes ante el Consejo Directivo, y para ello concurrieron dos grupos: Movimiento Renovación Gremial y Movimiento Alianza Gremial, este último que postulaba como cabeza de lista al abogado Jorge Bogarín Alfonso, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y designado significativamente corrupto por parte del Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2023, por interferir en procesos judiciales, afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.
En octubre de 2024, a pedido de la Fiscalía, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú desestimó las denuncias contra el ex miembro del Consejo de la Magistratura, denuncias por tráfico de influencias y otros casos. Pese a todo, este abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA, designado como “significativamente corrupto”, fue elegido por los egresados de la promoción 2022 de la carrera de Ciencias Políticas, dependiente de la Facultad de Derecho, como padrino de promoción, mostrando los valores que son importantes para estos jóvenes egresados, y que la impunidad no contradice la ética necesaria en la universidad.
Según había denunciado otro candidato, el equipo de Bogarín utiliza el lugar como bolsa de empleo para sus familiares y sus dirigentes, que se adjudican cátedras a ellos mismos o a sus parientes, y que “no es una mera coincidencia que todos los dirigentes imputados por la mafia de los pagarés estén en el equipo de Jorge Bogarín y Ceres”. (ÚH Julio 10, 2025).
Lo que aconteció en la Facultad de Derecho, los niveles de violencia pero también la complicidad en cuanto a aceptar como normales situaciones de posible corrupción pública, resultan tan preocupantes como inaceptables en la universidad. La misión de la Universidad Nacional es formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con la enseñanza de calidad, así como la búsqueda del bienestar de la sociedad.
La Facultad de Derecho, por los hechos mencionados, no es un ejemplo, ni lo son sus dirigentes estudiantiles, sus egresados y tristemente tampoco lo es su decano, quien a principios del mes realizó una visita al presidente del partido de gobierno en el local partidario, mostrando que esta casa de estudios está lejos de ser una cuna para el saber; en cambio, se ha ganado la etiqueta de seccional y semillero de la politiquería. Hablar de estrategias para fortalecer la educación superior es labor de las instituciones del Estado, y debería apuntar a todos los paraguayos y no solo a los adeptos a un partido político.