Las estadísticas sobre violencia familiar nos están mostrando una realidad que las autoridades deben asumir: urge mayor esfuerzo para erradicarla. Al final del 2024, la violencia familiar se posicionó como el principal hecho punible denunciado; tristemente, lo mismo ha sucedido al cerrar el 2025. El Ministerio Público actualizó las cifras hasta el 28 de diciembre de 2025, y desveló que los casos continúan en aumento, alcanzando un total de 75.186 denuncias por violencia familiar en los años 2024 y 2025.
Según los datos, el delito de violencia intrafamiliar tuvo su mayor registro de casos en el Departamento Central, con 12.837 atenciones; en Asunción se registraron 3.554 denuncias, mientras que Alto Paraná quedó en tercer lugar con 2.724 casos. Pero hay más, las denuncias por violencia familiar tuvieron un aumento del 200% en los últimos nueve años: de 10.164 víctimas registradas hace nueve años, se pasó a 31.701 en 2023.
Como explicaba a ÚH la psicóloga Alma Segovia, sobre las alarmantes cifras, esos números revelan un entramado social, cultural e institucional, que dificulta su erradicación total. Para la profesional, la violencia de género no es un fenómeno aislado, pues responde a estructuras como el machismo cultural, que sigue proponiendo la subordinación femenina, e igualando violencia doméstica como “asunto privado”.
En esta realidad de hechos que se repiten y repite los mismos patrones, se debe referir necesariamente a la incidencia que tiene la impunidad, debido a veces a la lentitud del sistema judicial y la falta de recursos para el seguimiento de casos.
Además de mejorar la atención a las víctimas, es necesario que todo el engranaje de atención a los casos de violencia esté mejor capacitado y, sin duda, se deben destinar los recursos necesarios para la prevención y la atención, pues ninguna política pública sería posible ni eficiente sin recursos.
Si no se logra que el sistema funcione de manera eficiente, seguiremos lamentando la impunidad. Recordemos a la mujer que era víctima de violencia intrafamiliar, y se había enterado a través de los medios de comunicación que su agresor sería el primer beneficiado con el arresto domiciliario con el uso de la tobillera electrónica. Ella había sufrido maltratos durante 13 años, golpizas, amenazas y otros hechos violentos, hasta que decidió hacer la denuncia.
Otro caso digno de mencionar es el que había involucrado al fiscal Juan Daniel Benítez, quien apareció cantando la polca colorada junto a la intendenta colorada cartista de Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trubger, en un festejo privado. Tras hacerse viral el video en cuestión, se supo que el mismo fiscal había ordenado la liberación de Derlis Adilson Dávalos Arteta, quien había sido detenido por un caso de violencia familiar y al salir del calabozo, mató a su ex pareja Antonia Salinas Espinoza, de varias puñaladas.
Tampoco olvidemos el juicio por violencia doméstica que fue suspendido en más de doce ocasiones; o las siete denuncias por violencia familiar desestimadas por prescripción; es decir, porque pasó el plazo máximo para que se inicie la causa, sin que hubiera una imputación por parte de la Fiscalía.
Se deben redoblar los esfuerzos por proteger a las víctimas de violencia familiar cuando estas realizan las denuncias, las instituciones deben cumplir con su obligación, dándoles garantías, dándoles protección.
Debemos iniciar cambios desde la cultura y la educación para evitar que siga creciendo la violencia en los hogares, contra mujeres y niños, pues como decía el papa Francisco la violencia es una “hierba venenosa que afecta a nuestra sociedad y que debe ser eliminada”, con una receta que parece simple, pero no lo es: “Educar en el respeto y el cuidado” y “formar hombres capaces de relaciones sanas”.
