Vayamos por partes. Entre noviembre y diciembre del 2017, coincidiendo con las internas del Partido Colorado, para elegir candidato presidencial, ABC Cardinal sacó a la luz audios de conversaciones entre autoridades, abogados, y, principalmente, del secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.
Las grabaciones que se dieron a conocer mostraron que había “aprietes” a jueces y fiscales para que los casos salgan de una u otra forma.
En el ojo de la tormenta estaba el entonces presidente del Jurado, el senador Óscar González Daher. La opinión pública en general reclamó una investigación.
El escándalo hizo que González Daher abandonara el JEM, y los senadores le sacaran su investidura, mientras que Oviedo Matto renunció para correr la misma suerte. Sin embargo, OGD era candidato de Honor Colorado, y volvió al Senado para este periodo, pero de nuevo lo sacaron.
La cuestión era bastante complicada para los fiscales. Es que los audios no fueron conseguidos con orden judicial. La Constitución protege las comunicaciones privadas y solo con una orden judicial pueden ser revisadas o grabadas.
IMPUTACIÓN. Pese a todo, el 28 de diciembre de 2017, los fiscales Martín Cabrera, Francisco Torres y Alcides Corvalán imputaron a los entonces senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, al ex ministro Carmelo Caballero, al secretario Raúl Fernández Lippmann y al abogado Rubén Darío Silva.
La imputación se basó en los audios publicados. Se habló de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima), soborno agravado y asociación criminal.
Los fiscales señalaron las grabaciones, donde hablan de los casos Electrofácil, de supuestas irregularidades del intendente Walberto Zárate, la causa Ivesur del ex contralor Enrique García, caso Apostala, de la Secta Moon y Protek.
Sobre Oviedo Matto, un supuesto pedido de dinero a la fiscala Casse Giménez para gestionar una sanción a la fiscala Karina Giménez, que era enjuiciada en el JEM.
No se imputó a otros legisladores y abogados que también aparecían en los audios. La causa generó una cadena de inhibiciones entre los magistrados que retrasaron años el proceso.
ACUSACIÓN. De todos los casos, en la acusación, la Fiscalía solo acusó por tres hechos. El caso Electrofácil, la retroexcavadora y el presunto pedido de la fiscala Casse Giménez. Además, pidió sobreseer a Rubén Silva.
Ante la evidente nulidad de los audios, la Fiscalía no los presentó como evidencia, pese a que su imputación se basó en ellos. Dicen que tienen pruebas indirectas.
Los demás hechos no pudieron probarse, según la fiscala Natalia Fúster, ahora en el caso con Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia.
En la preliminar, en setiembre del 2019, la jueza Cynthia Lovera elevó el caso a juicio.
Ya en el juicio, las defensas plantearon la ilegalidad de los audios. Es más, la misma Fiscalía pidió excluir el único audio que fue ofrecido como prueba, de la defensa de Jorge Oviedo Matto.
Es que si una prueba nula es introducida al juicio, este es nulo, según la ley. La defensa, aún cuando haya contribuido a esa nulidad, igual puede pedir que todo se anule. Por eso, la Fiscalía pidió su exclusión, pero fue rechazada.
En el caso se quiere probar tres hechos. En la causa Electrofácil, supuestamente los abogados Carmelo Caballero y José Domingo Almada (no imputado) amenazaron a la entonces fiscala Teresa Rojas con usar sus influencias para removerla. Para ello, según la Fiscalía, se confabularon con Fernández Lippmann y González Daher, que abrió incluso una investigación de oficio.
El segundo caso es de la retroexcavadora, donde supuestamente, OGD llamó a la jueza Adriana Pedretti para que le diera la maquinaria al político Walberto Zárate, que finalmente concedió.
En el último caso, dicen que el ex senador Jorge Oviedo Matto pidió dinero a la fiscala Casse Evelyn Giménez para remover a su colega Karina Giménez, enjuiciada en el Jurado.
Hasta ahora, ya declararon dos miembros del Jurado, la ex fiscala y actual ministra Teresa Rojas, quienes comentaron de las amenazas y la apertura de investigación de oficio. Para hoy, está prevista la declaración de la fiscala Casse Giménez.
La cuestión fundamental es que se debe probar la acusación sin usar los audios, ya que estos fueron obtenidos ilegalmente. Hasta ahora, la Fiscalía hace consultas sobre ellos a los testigos, ante la oposición de la defensa.
La prueba para la Justicia es dictar una sentencia justa, que se desprenda de los audios ilegales, lo que a simple vista parece muy difícil.
