En el año 2003 el Paraguay se encontraba sumergido en una grave crisis, la economía estaba estancada desde hacía veinte 20 años, el 51 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza y la inestabilidad política nos había llevado a asesinatos y a cambios de Gobierno.
En ese contexto asumió la presidencia Nicanor Duarte Frutos y para enfrentar la crisis firmó con todos los partidos políticos y con el sector empresarial lo que llamaría el “pacto del 2003” que tenía dos aspectos: Una profunda reforma impositiva y una amplia reforma del Estado.
Con la reforma impositiva y con el boom de los precios de las materias primas, el sector empresarial comenzó a invertir y la economía empezó a reactivarse rápidamente.
En los siguientes veinte años nuestro país creció su PIB de 7 a 50 mil millones de dólares gracias al sector privado. La soja multiplicó por 4 su producción, la ganadería por 38 y la industria por 17 sus exportaciones y la banca por 14 su cartera de crédito.
Este gigantesco crecimiento del sector privado hizo que el Estado aumentara su recaudación tributaria en más de 10 veces, pero dejó postergada la Reforma del Estado comprometida en el “pacto del 2003” e imprescindible para acompañar el desarrollo del país.
Como resultado del crecimiento económico la pobreza se redujo al 16 por ciento, la clase media aumentó a cerca del 50 por ciento, la gente migró del campo a la ciudad y las demandas en vivienda, salud y educación crecieron exponencialmente.
Mientras esto ocurría en la sociedad, el Estado era el mismo del 2003, ineficiente, clientelar y minado por la corrupción…, pero con más dinero.
La consecuencia de la falta de reformas es la policrisis que hoy tenemos: Problemas energéticos, calles y rutas colapsadas, falta de medicamento en los hospitales y una educación de las peores de América Latina.
Un ejemplo de un país a dos velocidades observamos todos los días en la zona de la avenida Santa Teresa, donde el sector privado construyó grandes shoppings, modernos hoteles y lujosos edificios, con inversiones estimadas en más de 2 mil millones de dólares mientras que la inversión del Estado fue casi nula.
El resultado está a la vista, embotellamiento de vehículos, inundaciones en días de lluvia, olores nauseabundos por la falta de cloacas y problemas de energía en la zona.
Definitivamente, este modelo de un país avanzando a dos velocidades distintas esta llegando a su límite. Sin embargo, el discurso oficial parece ignorar esa realidad.
Siguen promoviéndose nuevas inversiones con la promesa de energía abundante y barata, cuando numerosos estudios advierten que vamos avanzando hacia un serio déficit energético. Se lanzan loables programas sociales con la expectativa de financiarlos con los recursos de Itaipú, cuando todos sabemos que los mismos se reducirán sustancialmente en el futuro.
Para evitar las tormentas que se observan en el horizonte, nuestro país necesita urgentemente una profunda reforma de nuestro Estado, con un saneamiento ético y moral y con cambios radicales en su estructura y en su funcionamiento.
Esa reforma tendrá altos costos políticos para el Gobierno y muchos dicen que es imposible hacerlo en periodos electorales, como los que tendremos en los próximos dos años. Pero el déficit fiscal es cada vez más acuciante y se conoce la intención de ciertos sectores del Gobierno de aumentar la carga impositiva al sector privado.
Esa sería la salida más fácil, pero sería la peor para el desarrollo de nuestro país. Que un Estado ineficiente le siga poniendo palos en la rueda a una economía que está creciendo.
En momentos como estos, recuerdo lo que un día me dijo el ex presidente del Uruguay Julio María Sanguinetti “cuiden la economía y eviten que la política la desbarranque”.
Si el sector empresarial no reacciona, eso va a ocurrir con seguridad.
