Detrás del colapso de ueno, el inmenso y todavía por verse impacto económico en personas y entes que confiaron sus ahorros e inversiones y la aún inescrutable red de vinculaciones entre empresas que lo vaciaron, existe una realidad jurídico-política que acompañó la desgracia. La simple mirada de la Constitución permite al lector apreciar que existe una división de poderes del Estado y una variada red de instituciones públicas que, con o sin dependencia jerárquica de aquellos, integra una compleja y burocrática organización política paraguaya. Para hacerlo simple, estas instituciones, porque preexiste una disposición jurídica que las crea, tienen funciones regladas (reglas jurídicas) que le otorgan un marco jurídico de competencias. Es decir, campos de actuación jurídicamente autorizados.
Esta será –imagino– una de las defensas del ex presidente de la República, como ya lo insinuó el Dr. Preda en el juicio político. También en palabras simples: ni la supervisión prevista en el Banco Central del Paraguay a través de sus organismos de superintendencia, ni las decisiones tomadas por instituciones públicas como el IPS pueden jurídicamente aplicársele por razones de competencia. Es decir, fueron esas instituciones –BCP, SIB, IPS– quienes tomaron (ellas) decisiones autónomas dentro de sus funciones regladas y del ámbito de sus competencias; no el presidente.
Esta opinión, empero, no pretende anticipar escenarios ni conjeturar posiciones jurídicas. Si no, por otro lado, repensar un contexto jurídico-político que llevó a este Gobierno a este momento. En retrospectiva, el mismo esquema de división de funciones y competencias, traducido en “división de poder”, debió en simultáneo servir de freno y de contrapeso al Gobierno. Y aquí el sistema falló. En más de una oportunidad en el pasado, historiadores y analistas políticos coincidirán que diferentes actores políticos hablaron de la necesidad de defender la llamada “gobernabilidad” de un gobierno. Es decir, su capacidad de enfrentar situaciones para que las instituciones que ostentan el poder no sean incapaces de cumplir con la función que tienen encomendada. La gobernabilidad, así entendida como una suerte de capacidad de gobernar estuvo, pues, enfocada a reducir los límites a la acción de gobierno. De ahí que un Congreso con mayorías absolutas en ambas cámaras no debería tener, bajo esta tesis problemas de gobernabilidad, porque nada limita sus actos de gobierno. Un presidente del mismo partido y movimiento de dicho Congreso no debería tener, bajo esta tesis, problemas de gobernabilidad, porque el Congreso no limita sus actos de gobierno. Lo mismo podría sostenerse del Poder Judicial.
El poder político completamente capaz de ejercer su acción de gobierno sobre los ciudadanos es, pues, en este caso “gobernable”. Nunca tuvo límite (político) alguno. Sin embargo, ese fue justamente el problema político-jurídico subyacente y quizá la principal causa política del descalabro actual: la ausencia absoluta de frenos y contrapesos a su poder. La idea de “frenos y contrapesos” no es nueva. Está en las fuentes constitucionales norteamericanas de siglo XVIII. Es el diseño de un sistema de gobierno dividido en diferentes ramas separadas entre sí, pero al mismo tiempo capaces de controlarse mutuamente. En Paraguay falló el diseño: fue incapaz de controlar. El copamiento tantas veces denunciado trajo eso. Nos impone repensar que no equivale necesariamente a las bondades de una supuesta gobernabilidad, si no al riesgo y hoy consecuencias de la ausencia de límites y control.
