Ueno bank también cayó sobre la colonia San Juan (ex Acepar), en Yasy Kañy, Canindeyú. Mi amigo Juan Benítez, paraguayo formidable oriundo de allí, vive y trabaja hace años en Madrid y envía dinero a su familia. El 3 de noviembre remesó una platita a su papá de 70 años, que para cobrar solía recorrer tres kilómetros hasta una ventanilla local de Western Union. Tras el derrumbe, le dijeron que allí ya no pagaban “por el problema de Ueno”. Recorrió 80 kilómetros en moto, ida y vuelta, hasta un banco en Curuguaty. No hay transporte público en ese Paraguay rural. No era dinero para especular: era dinero para vivir.
Ni el padre ni el hijo figuran en el balance. Pero pagan el costo de una crisis ajena. Western Union operaba en Paraguay con WEPA, vinculada al ecosistema ueno. Cuando un punto de esa red deja de pagar, las familias quedan lejos del dinero que les envían. Una remesa familiar se convierte en kilómetros de incertidumbre.
La crisis tiene otra geografía: trabajadores sin acceso a su dinero, comercios con pagos paralizados, fondos jubilatorios comprometidos, emigrantes que no saben cuándo llegará su aporte a la billetera familiar. Daños que ningún balance recoge. Esta es una estafa monumental a la confianza pública.
Santiago Peña pidió el voto prometiendo “plata en tu bolsillo”. Su gobierno terminó con millones de clientes afectados y 850 millones de dólares de fondos públicos expuestos. En el país de dos grandes hidroeléctricas, sopla el viento y se corta la luz, ahora la ANDE no sabe cuándo recuperará sus fondos depositados en ueno y admite que habrá obras postergadas.
El escándalo no comenzó cuando ueno dejó de operar. Las autoridades ignoraron alertas ya conocidas. Mientras, dirigentes oficialistas hablaban de “terrorismo financiero” para desacreditar denuncias. El Banco Central estaba presidido por un exdirectivo de ueno que, sin ruborizarse, pedía calma y confianza ante las cámaras. Peña, antiguo accionista del grupo, defendió públicamente al banco. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio. Lo penal deberá probarse en tribunales; la responsabilidad política por lo sucedido bajo su gobierno no desaparece con su destitución.
¿Quién garantiza llegar hasta el fondo? Pedro Alliana, también señalado en denuncias, heredó la Presidencia sin representar una ruptura política. Horacio Cartes, mentor de Peña y presidente del Partido Colorado, conserva su poder. No puede presentarse como espectador de un gobierno que sostuvo. ¿Bastará con sacrificar al expresidente y mantener intacto el sistema de influencias? Las imputaciones y allanamientos son necesarios, pero no equivalen a justicia.
No hacen falta ceremonias de recambio. Hay que saber quién autorizó cada colocación de dinero público, quién ignoró las alertas, quién se benefició de los créditos y qué activos pueden recuperarse. Fiscalía, Contraloría y Banco Central deben rendir cuentas con documentos y resultados. No basta proclamar un sistema sólido cuando sus controles fallaron.
El costo no puede recaer sobre jubilaciones, obras paralizadas y remesas familiares. La salida no se mide en nombramientos, sino en dinero recuperado, responsables identificados e instituciones capaces de investigar al poder. Mientras tanto, en Yasy Kañy un padre de 70 años sigue teniendo una pregunta más sencilla: ¿por qué tiene que seguir soportando que los mismos que obligaron a su hijo al exilio económico se sigan burlando de él y de todo un pueblo?
