Al inicio del juicio oral ante los jueces Ana Rodríguez, Karina Jazmín Cáceres y Yolanda Morel, se realizó la extensa lectura de la resolución que elevó el caso a juicio oral el caso, que se prolongó durante más de una hora.
Posteriormente, la agente fiscal Verónica Valdez presentó sus alegatos iniciales. Sostuvo que los acusados, a través de una licitación direccionada a la firma Tía Chela para la supuesta compra de kits de alimentos para las familias de escasos recursos afectadas por Covid-19.
Dijo que el monto total de la licitación fue de G. 2.949.650.000, pero la firma solo entregó kits por la suma de G. 819.613.840, con lo que hubo un perjuicio patrimonial para la Municipalidad de Ciudad del Este por G. 2.130.036.160.
Explicó que el 19 de marzo de 2020, el economista Sebastián Martínez envió un memo donde sugería la adquisición de kits destinados a las familias de escasos recursos afectadas por el Covid-19.
Por su parte, la directora de la UOC, licenciada Mary Almada, a través de un dictamen donde citó decretos, permitió que se realizara la licitación con menos requisitos, como la obligatoriedad de que sean cinco oferentes, para que hubiera libre competencia e igualdad, para direccionar la adjudicación a una empresa determinada, dijo.
Alegó que el entonces intendente Miguel Prieto dictó la resolución por la cual dispuso el llamado a licitación por la vía de la excepción, y designó como encargados al economista Sebastián Martínez y a José Félix Cáceres.
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La fiscala también señaló que se elaboró el pliego de bases y condiciones, donde no hacía falta probar la capacidad financiera como técnica y la experiencia necesaria, sino solo se debían acreditar las actividades vinculadas al por menor o por mayor, sin exigir presentación de contratos anteriores y otros documentos que justifiquen la actividad en el ramo.
La agente dijo que el 20 de marzo de 2020 se habló con una empresa de los padres del acusado Fermín Ávalos. Además que la firma Tía Chela no estaba inscripta y su rubro era comercio de combustibles, aunque en realidad era una fábrica de helados, por lo que no se relacionaba con el rubro de las actividades licitadas.
Respecto a la firma Tía Chela, dijo que era de Gregorio Ávalos y Fermín Avalos, representante legal, se registró ese día, y que no tenía ninguna experiencia previa. Además, dijo que no tenía la capacidad financiera para proveer la cantidad de alimentos que se adquirían.
Apertura de la licitación
Refirió que el 23 de marzo de 2020 se realizó la apertura de la licitación, donde el único oferente era la empresa Tía Chela, y que en el acta de evaluación, realizada por Sebastián Martínez y José Félix Cáceres, solo se señaló que cumplía con las condiciones, sin dar mayores detalles.
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Además, ese mismo día, 23 de marzo, el intendente Miguel Prieto firmó la resolución para la adjudicación de la licitación. El 27 de ese mes, ya se firmó el contrato, y el 7 de abril se realizó el primer pago de G. 1.779.790.000, y luego el segundo pago de G. 1.179.860.000, sin que cumplieran todas las condiciones.
Dijo que los pagos fueron en dos cheques que se gestionaron a través de Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña; Shirle Alcaraz, encargada de pagos, y Nelson Segovia, tesorero.
La fiscala Verónica Valdez aseguró que la firma solo proveyó por la suma de G. 819.613.840, con lo que el perjuicio patrimonial fue de G. 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Citó también a los procesados Julián Benítez, jefe de almacenes; Sebastián Martínez, Higinio Acuña, quienes el 27 y el 30 marzo y 13 de abril de 2020, hicieron constar falsamente que fueron recibidos 25.000 kits, de alimentos de la firma Tía Chela.
También habló como otra interviniente a la acusada Emili Vanesa Florentín, que emitió facturas por G. 160 millones a varios de sus proveedores, contribuyentes ficticios, dijo.
Al final, la fiscala acusó por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, entre otros, a los procesados.
El juicio oral seguirá mañana a las 08:30. Antes, a las 08:00, habrá una audiencia disciplinaria para un abogado defensor Martín Prieto.
