Un reportaje publicado originalmente en la versión digital de Última Hora el pasado sábado 28 de setiembre sacó a luz un hecho que despertó la indignación de la ciudadanía: un Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrado por los jueces Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez Samaniego, había aplicado una condena muy leve a un hombre acusado por abusar de su hijastra de 7 años de edad, dejándolo en libertad, con una alocución llena de palabras ofensivas contra la víctima y que denotaba una complicidad manifiesta de los magistrados con el abusador.
El informe dado a conocer con un tono crítico por este diario tuvo amplia repercusión en otros medios y llevó a que los jueces acudan a la Redacción a dar su versión, que solo los delató y comprometió aún más en una cuestionable conducta. Finalmente, ante el escándalo que provocó la publicación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia intervinieron en el caso, ya conocido popularmente como el fallo de la vergüenza, iniciando sanciones a los jueces y a la fiscala que empezó el proceso, posibilitando una revisión correctiva.
Es uno de los muchos ejemplos de cómo la influencia positiva de Última Hora como un medio periodístico con 46 años de vigencia en la sociedad paraguaya permite transparentar y denunciar situaciones irregulares y movilizar procesos de reparación en favor de los afectados, fortaleciendo el sistema democrático.
CORRECCIONES. Otro caso que puede servir de ejemplo fue el denunciado en portada del diario, en su edición del 21 de setiembre pasado, que destacaba que “en medio de la crítica situación económica y los recortes sensibles que el Gobierno está aplicando a las áreas de salud y educación, el presidente Mario Abdo Benítez planea gastar G. 3.750 millones (USD 625.000) en la construcción de un amplio salón de reuniones en Mburuvicha Róga”.
El diario indicaba que con lo que pretendían gastar las autoridades del Poder Ejecutivo para un lugar de evento protocolar ya se podrían construir 32 aulas para estudiantes, dos salas de terapia intensiva con alrededor de 10 camas y equipos, cuyo costo oscila aproximadamente USD 250.000 cada una (es decir, G. 1.500 millones cada una).
El efecto de la publicación fue inmediato. Esa misma mañana, desde el Palacio de Gobierno se informó que el presidente Abdo Benítez, en respuesta a lo informado por Última Hora, había resuelto suspender la construcción del salón de reuniones en la residencia presidencial y destinar el dinero para la compra de 10 camionetas para la Policía Nacional, a fin de fortalecer la lucha contra el crimen.
Cabe recordar otros muchos informes o reportajes investigativos del diario que despertaron la movilización ciudadana y la corrección desde instituciones del Estado, como la serie publicada sobre corrupción en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que en setiembre de 2015 generó la gran movilización estudiantil #UNAnotecalles, o las denuncias sobre sobrefacturaciones en el Ministerio de Educación, caso conocido como el cocido de oro, que en mayo de 2016 provocaron la renuncia forzada de la entonces ministra Marta Lafuente.
Estos y otros episodios destacan la función social cumplida por Última Hora en su dilatada trayectoria periodística.
